Categoría: ADPRA

La Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), en un documento, al que adhiere el Defensor del Pueblo de Santiago del Estero, Dr. Lionel Suárez, manifesta su «inquietud ante la problemática que enfrenta el sistema de transporte público de pasajeros urbanos y suburbanos, en todo el país, producto de la decisión del Gobierno Nacional de suprimir los subsidios a las provincias y municipios para este servicio vital, vulnerando los derechos de los usuarios del transporte público, quienes ya se ven perjudicados por un servicio deficiente desde hace meses».

Indica que «la eliminación del “Fondo Compensador del Transporte”, que subsidiaba parte de los servicios de transporte público por automotor en áreas urbanas y suburbanas del interior del país, ha desatado un caos en diversas jurisdicciones, afectando el sistema de transporte en todo el país con acortamiento o interrupción del servicio, incrementos extraordinarios del boleto, procesos de aumentos sin audiencias públicas, restricciones en unidades y frecuencias, entre otras situaciones que han puesto al sistema en límite».

Agrega que «esta medida, que además va en contra del desarrollo, inclusión social y economías de todas las regiones del país, genera una crisis económica aguda para muchas familias, lo que redujo drásticamente la capacidad adquisitiva de los hogares para afrontar otros gastos vinculados al acceso a elementales Derechos Humanos».

Subraya que «para un buen ordenamiento territorial, las políticas públicas de las ciudades deben enfocarseen el fomento de un transporte público que, además de optimizar el uso del espacio, dinamice la economía local. Para que el servicio sea eficiente, tiene que ser de calidad, equitativo y accesible; de esa forma, se garantiza una mayor equidad social, se alivia la congestión vehicular y se estimula un entorno urbano más próspero».

Indica que «el fondo creado por Ley para subsidiar al transporte público del interior del país, no incluidas en las compensaciones tarifarias federales, que se distribuyen entre provincias y/o municipios que adhieren al mismo».

La eliminación del Fondo implica una discriminación evidente, ya que se seguiría subsidiando el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) mientras se retira el apoyo al interior del país.

Esta medida constituye una violación directa a la igualdad de los ciudadanos, que tienen derecho a un acceso equitativo a los servicios públicos, incluido el transporte. Inquieta, principalmente, la liviandad con que se toma una medida, a todas luces, irracional e intempestiva, obviando el impacto sobre los usuarios, quienes se ven forzados a asumir tarifas excesivas o, peor aún, a renunciar a un medio de transporte esencial para ejercer derechos
fundamentales como el acceso a la salud, la educación o al trabajo, entre otros.

Señalan que «debemos ser conscientes, en definitiva, que es ello lo que está en juego. La limitación a derechos tan fundamentales como, el de un adulto mayor que debe movilizarse al hospital, millones de personas a sus lugares de trabajo, estudiantes a sus establecimientos educativos entre otras cuestiones que, de ninguna manera pueden quedar a merced de decisiones tomadas de manera apresurada y negligente; que guardan relación con la ejecución de políticas
financieras fiscales, que no consideran la atención de las necesidades más elementales de nuestra sociedad».

Por ello, indica que «desde ADPRA, instamos al Gobierno Nacional a revisar esta resolución que atenta contra el principio del federalismo y el derecho a la autonomía de las provincias y municipios, solicitando el restablecimiento de los subsidios al transporte público de pasajeros, de manera tal que se logre el respeto a los criterios de equidad en la distribución de los recursos públicos, exigiendo que el servicio de transporte público en la Argentina cumpla con los mínimos estándares de eficiencia y eficacia que se merece nuestra sociedad».

“En estos tiempos de dificultades económicas múltiples, es esencial buscar soluciones a las ineludibles demandas de la población mediante el diálogo y la adopción de medidas racionales» puntualizan.

Concluye que «por esta razón, y con el objetivo de prevenir una crisis irreversible, sentada nuestra postura, nos ponemos a disposición para facilitar cualquier proceso de mediación que reúna a las diferentes partes del sistema de transporte evitando una situación de colapso de este, con directo detrimento en la calidad de vida de los usuarios y los trabajadores dependientes, que afecte incluso negativamente otros aspectos esenciales para la vida institucional de país».

260224 La Defensoría del Pueblo de la provincia de Santiago del Estero, a cargo del Dr. Lionel Enrique Suárez, adhiere al pronunciamiento de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) y rechaza la arbitrariedad del gobierno nacional en la conducta de privar a la Provincia de Chubut de fondos esenciales para la prestación de servicios básicos.

COMUNICADO DE LA ASOCIACION DE DEFENSORES Y DEFENSORAS DEL PUEBLO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (ADPRA)

¿Castigar a los ciudadanos de las provincias para proteger a los argentinos?

Defensoras y Defensores del Pueblo de la República Argentina adhieren al rechazo de la medida arbitraria adoptada por el Poder Ejecutivo Nacional de privar a la provincia de Chubut, de manera unilateral e intempestiva, de fondos esenciales para la provisión de educación, salud y seguridad a sus habitantes.

La República Argentina es una unión indestructible de Estados. No hay posibilidad alguna de llevar bienestar a los argentinos destruyendo a las provincias mediante medidas extremas.

Precisamente, el sistema federal es –junto con el régimen republicano de gobierno- el mecanismo que nuestros padres fundadores concibieron para evitar la concentración del poder y garantizar, con ello, las libertades de quienes habitan estas tierras.

El 100% de los ingresos del Estado Federal es generado en las provincias y la CABA. El 100% de los argentinos vive en las provincias y la CABA. El 100% de las autoridades locales fueron elegidos por esos mismos argentinos. Abandonemos las dicotomías ficticias.

Nuestra Nación posee canales institucionales para zanjar las diferencias por medios pacíficos.

Exhortamos al Presidente de la Nación a que utilice esos canales y abandone la pretensión de reemplazarlos por las redes sociales. La magnitud de la crisis requiere más diálogo y una mirada federal.

De aprobarse las modificaciones que el Ejecutivo promueve a Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, incluidas en el proyecto de ley “ómnibus” enviado por la Casa Rosada y que actualmente se debate en la Cámara de Diputados del Congreso, los Defensores del Pueblo -provinciales y municipales- nucleados en ADPRA, consideramos que configurarían un retroceso en materia de Derechos Humanos; toda vez que vulnerarían de modo flagrante al artículo 1°de dicha norma que define su objeto y el anclaje legal que la sustenta a la par de resultar contradictorias al paradigma vigente.

La ley de Salud Mental actual fue aprobada con amplio consenso y sustituyó la perspectiva “manicomial y tutelar” por un modelo de atención en salud mental basado en la inclusión social y la intervención comunitaria; con eje en la integración en la atención primaria y hospitales generales, el desarrollo de la red de servicios comunitarios, la participación social, la coordinación intersectorial. Este enfoque se integra de manera efectiva en el sistema de atención pública de la salud, adoptando un abordaje integral desde la perspectiva de los derechos humanos que está en consonancia con los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino.

ADPRA entiende que resulta sustancial atender como sociedad, la importancia de la plena implementación de ley 26.657, para lo cual se requiere: un aumento de la asignación presupuestaria al sistema integral de salud, apostar a la creación de dispositivos para tratamiento ambulatorios, optimizar la atención en hospitales y clínica generales, fortalecer las capacitaciones; en definitiva, mejorar las condiciones de tratamientos y abordajes en el marco de los estándares internacionales, tanto en el sector público como en el privado.

Es fundamental, considerar que la ley nacional de Salud Mental vigente, prevé en un capítulo entero la posibilidad de realizar las internaciones involuntarias o forzadas. Ello, cuando en virtud del criterio de un equipo interdisciplinario, la persona se encuentra clínicamente en situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros y con la necesidad de un tratamiento institucionalizado. Importaría una falacia la creencia de que tales supuestos (las internaciones involuntarias o forzadas) hoy están vedadas en los casos en que son indispensables.

ADPRA, considera oportuno subrayar que la propuesta planteada por el Poder Ejecutivo Nacional contraría los estándares y paradigmas convencionales y nacionales que significaron un avance en la protección de los derechos de las personas con padecimientos subjetivos. Puntualmente los retrocesos se ven reflejados en los siguientes puntos:

-Habilita a los jueces a decidir las internaciones sin el requisito de la evaluación de un equipo interdisciplinario, ampliando los mecanismos, más allá de la existencia de riesgo cierto e inminente, transformando la internación en un mero acto jurídico y no clínicosanitario.

-Faculta al abogado/a del Art. 22 de la ley de Salud Mental vigente a oponerse a la externación de su patrocinado/a y a proponer la medida terapéutica que considere más adecuada lo cual desnaturaliza el derecho a una defensa técnica permitiendo la subrogación de la voluntad de su representado/a; -Autoriza la apertura de establecimientos monovalentes, neuropsiquiátricos, clínicas y comunidades terapéuticas;

-Modifica la composición del Órgano de Revisión prescindiendo de los organismos representativos del Estado, de los organismos de DDHH y de las asociaciones de usuarios/as y familiares, reemplazándolos por un equipo multidisciplinario integrado por distintos especialistas y técnicos. Por todo lo expuesto, la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) considera que la Ley de Salud Mental Nº 26657, debe ser implementada.

01.12.24 La Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) se pronunció enérgicamente “en defensa de las bibliotecas populares en el marco de las discusiones sobre las modificaciones propuestas a la ley que regula estas instituciones a nivel nacional”.

En un documento, al que suscribe el Defensor del Pueblo de Santiago del Estero, Dr. Lionel Enrique Suárez, indica que “las bibliotecas populares son pilares fundamentales en nuestras comunidades, desempeñando un papel esencial en la promoción del acceso a la información, la cultura y la educación. Estos espacios no solo son depósitos de libros, sino también centros de encuentro comunitario y catalizadores de participación activa en la vida social y cultural de nuestras localidades”.

ADPRA reconoce “la importancia crítica de las bibliotecas populares, especialmente para aquellas comunidades más pequeñas que dependen en gran medida de los servicios y actividades que estas instituciones ofrecen. Las propuestas de modificaciones a la ley, en su forma actual, plantean preocupaciones significativas que podrían perjudicar gravemente el funcionamiento y la sostenibilidad de estas bibliotecas, en particular, las que carecen de ingresos fijos”.

Aboga ADPRA “por la consideración de la función social y cultural de las bibliotecas populares al evaluar cualquier cambio en la legislación. Es crucial preservar y fortalecer estas instituciones, que no solo fomentan la lectura, sino que también actúan como lugares de encuentro comunitario, apoyo escolar, desarrollo cultural y participación ciudadana.

Por ello, resulta indispensable la preservación del Fondo Especial para Bibliotecas Populares con asignación específica del que goza desde 1986 con el dictado de la Ley 23.351 y que, en noviembre de 2022, fue prorrogado por 50 años habida cuenta de que proviene de impuestos a los premios otorgados en los juegos de azar. La distribución federal y transparente de ese Fondo que realiza la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares -CONABIP- aporta previsibilidad a la labor cotidiana, ayuda en las contingencias especiales y dota de capital tecnológico y capacitación a las más de 1.500 bibliotecas adheridas a la Red”.

Por todo sostenido “instamos a las autoridades a mantener un diálogo abierto con las bibliotecas populares y sus comunidades para garantizar que cualquier modificación a la ley refleje adecuadamente las necesidades y desafíos que enfrentan estas instituciones. Además, hacemos un llamado a la sociedad en su conjunto a reconocer el valor de las bibliotecas populares y a participar activamente en la preservación de estos espacios como activos fundamentales para el desarrollo integral de nuestras comunidades”.

Por último, ADPRA “reafirma su compromiso con la defensa de los derechos culturales, el acceso a la educación y la participación ciudadana, y continuará trabajando en colaboración con las bibliotecas populares y otras instituciones para garantizar un acceso equitativo a la información y la cultura en todo el territorio argentino. En muchas localidades, son los únicos espacios donde realmente se rompe la brecha digital, siendo las bibliotecas las únicas en contar con internet de calidad para uso de la comunidad”.

26.01.24 La misma tendrá por único objeto proporcionar información clara, precisa y veraz respecto al “nuevo modelo para el sistema gasífero argentino”, en particular, pero no limitado a, la composición del precio del gas y del sistema de subsidio propuesto en reemplazo del actual, informándose, sobre este punto, criterios de adjudicación, universo de personas alcanzadas, datos utilizados para ello. Los Defensores del Pueblo de la Nación, en nota dirigida al Secretario de Energía de la Nación, Dr. Eduardo Javier Rodríguez Chirillo, elevaron una nota en la que expresan “la profunda preocupación de lo expuesto en el marco de la Audiencia Pública Nº 104 convocada por el Ente Nacional Regulador del Gas y que tuvo lugar los días 8 y 9 de enero del corriente año”.

En efecto, en un escrito que suscriben los Defensores del Pueblo de la Nación y que rubrica el Defensor del Pueblo de Santiago del Estero, Dr. Lionel Enrique Suárez, se indica que “la mencionada audiencia pública tenía por objetivo principal poner en consideración cuestiones relativas a la adecuación transitoria de las tarifas de los servicios públicos de transporte y distribución de gas natural por redes y, en ese sentido, fueron preparadas las intervenciones de todos los participantes, fundadas en la documentación publicada por el ENARGAS”.

Señala que “no obstante, en vuestra exposición hizo anuncios trascendentales respecto a los subsidios que tienen un impacto directo en las tarifas finales que pagan los/as usuarios/as, principalmente, en aquellos que son socioeconómicamente más vulnerables, que no pudieron ser evaluados con anterioridad por los participantes de la audiencia y, en suma, por los destinatarios de los servicios [actuales y futuros]”.

Indican que el funcionario “en su alocución hizo referencia a un “nuevo modelo” para el sistema gasífero argentino consistente en un traslado gradual del costo del gas a las tarifas finales “para la readecuación progresiva de subsidios” y en la creación de una canasta energética básica, que es un subsidio a personas en situación de vulnerabilidad”.

Puntualiza ADPRA que “al respecto, manifestó la intención de implementar un traslado “gradual” del componente del precio del gas en el PIST, destacando que el valor actual del gas consistente en 4 dólares el MBTU, y que su traspaso a tarifas pasó de un 100% en julio del 2019, a 1,5 dólares en noviembre del 2023, agregando que en el mes actual el paso a tarifas es de solo 0,7 dólares, lo que representa un 17% de su valor que es abonado por los usuarios”.

Agrega que “en relación con ello, manifestó que el traslado se implementaría en tres etapas, un 33% desde el 1º de febrero de 2024, 33% desde el 1º de marzo de 2024 y 33% desde el 1° de abril de 2024, hasta llegar a pagar el costo total”·

Advierte ADPRA que “sin embargo, no se efectuó ninguna consideración respecto al impacto de ello en la tarifa al usuario final, y en función de ello, cómo es que tal traslado puede ser considerado “gradual”. Estas manifestaciones y pronunciamientos sobre el precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte (PIST), no habían sido puestas a consideración de los usuarios con antelación a la audiencia, y generaron mayores preocupaciones e incrementaron la incertidumbre sobre las tarifas futuras del gas natural por redes”.

Agrega que “por otro lado, se anunció un sistema nuevo para canalizar subsidios que comenzará a regir el 1º de abril del 2024 y que consistiría en una “canasta energética básica” (electricidad + gas), que cubra las necesidades básicas e indispensables de las personas, la cual se determinará en una cantidad de MM3 o kwH/mes que sería el máximo de lo que se considera subsidiable, reemplazando a la segmentación vigente. No obstante ello, no se proporcionó mayor información al respecto, ni cómo serán determinadas esas “canasta básica” en función de las distintas regiones del país, especialmente respecto de las zonas más frías, y sobre que parámetros se efectuarían dichas determinaciones, entre otros aspectos”.

Reclama ADPRA que “conforme se expuso, este nuevo modelo, así como toda la información correspondiente asociada al mismo, no fue acompañada previamente a la audiencia con documentación respaldatoria alguna que permita una evaluación de parte de los participantes. Por su impacto en las tarifas, el precio del gas en el PIST merece la mayor precisión y transparencia posible para que los participantes pudieran evaluar y expresar sus manifestaciones al respecto, en particular, con relación al valor fijado, detallando contratos con los distintos productores, cuencas, GNL, plan gas, gas importado de Bolivia, entre otras cuestiones insoslayables para su evaluación”.

 Más adelante, sostiene ADPRA que “conforme a todo lo expuesto, afirmamos que los anuncios realizados desde la Secretaria de Energía sobre el nuevo modelo del sistema gasífero argentino tendrían un impacto fuertísimo en la economía doméstica de todos/as los/as usuarios/as, pero mayor aún en los/as residenciales vulnerables que se encuentran dentro de las categorías N2 y N3, y que comprometería seriamente el acceso a este servicio público esencial, todo lo cual no pudo ser evaluado ni objeto de opinión en la Audiencia Pública pasada”.

Subraya que “si bien entendemos que la producción del gas no está considerada como un servicio público y no se encontraría alcanzada por el marco regulatorio propio del mismo, por lo tanto, su traslado a tarifa sería a valores de mercado, sabemos que ello se aplica en situaciones de normalidad, pero no en contextos de emergencia económica como la actual y donde, según sus dichos, el estado cubre más del 80% del valor”.

Agrega que “un traslado, en tres partes, de dicho costo actualmente absorbido por el Estado, no cumpliría con las pautas de gradualidad y razonabilidad, y contrasta con el principio de prevención del daño, consagrado hoy en el artículo 1710 del Código Civil y Comercial, y con la directriz de la función del Estado al servicio de los ciudadanos que representan su razón de ser.  No debe perderse de vista que la pretendida adecuación de los precios a “mercado”, sin una debida aplicación de las pautas de certeza, previsibilidad, gradualidad y razonabilidad, conduciría a incrementar la emergencia a los usuarios, respecto de quienes, paradójicamente, estos servicios vienen a satisfacer sus necesidades hoy en día básicas”.

ADRA recordó que la Suprema Corte de Justicia en el precedente CEPIS declaró la nulidad de las Resoluciones del ex Ministerio de Energía por no haberse convocado a audiencia pública previa a la determinación del precio del gas en el punto de ingreso al transporte (PIST) y aclaró al respecto: “…parece razonable entender que, hasta el momento en que efectivamente el precio del gas en el PIST se determine sobre la base de la libre interacción de la oferta y la demanda, su análisis se efectúe conjuntamente con la revisión de tarifas para la cual es necesaria, como ya se dijo, la celebración de una audiencia pública…”.

En efecto, receptando los principios de dicho fallo, el Decreto N° 892/20, en su artículo 6, destacó la necesidad de la discusión y debate sobre los valores del gas natural, así como de su debida ponderación, incluyendo, de corresponder, instancias de participación ciudadana.

Sostiene el foro de Defensores del Pueblo que “en virtud de lo expuesto, se puede afirmar sin hesitación alguna que la pasada audiencia pública de los días 8 y 9 de enero respecto al nuevo modelo y la quita de subsidios al precio del gas en el PIST no cumplió con los requisitos necesarios para satisfacer el derecho constitucional de participación ciudadana estrechamente vinculado al sistema republicano de gobierno proclamado en el artículo 1º de nuestra Carta Magna, así como tampoco para posibilitar la legitimidad de la tarifa a determinar”.

Concluye: “Por lo dicho, la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina solicita con carácter urgente que se convoque a una Audiencia Pública que tenga por único objeto proporcionar información clara, precisa y veraz respecto al “nuevo modelo para el sistema gasífero argentino”, en particular, pero no limitado a, la composición del precio del gas y del sistema de subsidio propuesto en reemplazo del actual, informándose, sobre este punto, criterios de adjudicación, universo de personas alcanzadas, datos utilizados para ello, porcentaje o monto de subsidio asignado según integrantes familiares y zonas de residencias, mecanismo de datos utilizados para ello, porcentaje o monto de subsidio asignado según integrantes familiares y zonas de residencias, mecanismo de reclamo para sujetos no alcanzados e impacto en las facturas según las distintas distribuidoras.

26.12.23 «Los Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina expresan su preocupación frente al Decreto de Necesidad y Urgencia por el cual el Poder Ejecutivo Nacional pretende derogar y/o modificar una cantidad inédita de leyes» indica un comunicado al que adscribe el Defensor del Pueblo de Santiago del Estero, Dr. Lionel Enrique Suárez.

Agrega que «el carácter republicano de nuestro país exige que la legislación sobre esta multiplicidad de aspectos, atinentes al funcionamiento del Estado y a la vida en comunidad, sea dada en el Congreso Nacional, donde el pueblo tiene su representación».

Asimismo, señala que «cabe recordar que los Decretos de Necesidad y Urgencia no deben versar sobre: derecho penal, derecho tributario, derecho electoral y derecho de los partidos políticos. A su vez, plantean a los diputados y senadores la disyuntiva de aprobar o rechazar el conjunto de la norma, sin la posibilidad de debatir u opinar en relación a los artículos que lo componen».

Subraya «al mismo tiempo, la utilización de esta herramienta agrega incertidumbre e inestabilidad, ya que inaugura y legitima un sistema que supondría la concesión de facultades extraordinarias y la suma del poder público, prohibidas por la Constitución Nacional en su artículo 29».

Puntualiza el comunicado que «en ese sentido, resulta cuestionable que el cambio normativo impulsado cumpla las condiciones de necesidad y urgencia exigidas para el dictado de este tipo de decretos; constitucionalmente previstos como una excepción. La vertiginosidad y la ausencia de debate democrático no pueden ser la regla para aprobar regulaciones que afectan de modo sustantivo las relaciones socioeconómicas en nuestro país».

Concluyen que «en consecuencia, las Defensorías del Pueblo de todo el país, en tanto instituciones que tienen la misión de promover y proteger las libertades y garantías consagradas por la Constitución Nacional y los tratados internacionales, exhortan a que la propuesta del Poder Ejecutivo se someta al trámite legislativo correspondiente, se respete la separación de Poderes y no se avance en medidas que conlleven la vulneración de derechos».

04.07.23. En Paraná, en el «Salón de Convenciones La Vieja Usina» y en la sala «Manuel Antequeda», se desarrolló el 1er Plenario Nacional 2023 de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, presidido por su titular, Defensor del Pueblo de Santiago del Estero, Dr. Lionel Enrique Suárez, en el marco del 20mo aniversario de la Defensoría del Pueblo local. En la oportunidad más de 24 Defensores del Pueblo, abordaron un importante temario, destacándose la aprobación, por unanimidad, de la incorporación, como socia activa, a la Defensora del Niño, Niña y Adolescente de la Nación, Dra. Marisa Graham.

Así también, en forma unánime reiteraron la necesidad de que, el Congreso de la Nación, de cobertura al cargo de Defensor del Pueblo de la Nación, vacante desde el año 2009.

De lo trabajado en el plenario, se desprende que ADPRA trabajará en la elaboración de una exhortación institucional a los partidos políticos – que lleven candidatos a presidente, vicepresidente y a legisladores nacionales, para la contienda electoral de octubre 2023-, del compromiso público de propiciar la designación del Defensor del Pueblo de la Nación.

En igual sentido, se exhorta al Gobierno de la Provincia de Entre Ríos a poner en funcionamiento a la Defensoría del Pueblo Provincial creada constitucionalmente con la Reforma de la Carta Magna Provincial del año 2008. Asimismo, la instrumentación de las Defensorías del Pueblo instituidas y la designación de las autoridades en aquellas que se encuentran acéfalas.

Autoplanes de Ahorro
En el tema, que ocupa a todas las Defensorías Del Pueblo del país, con distintos matices, amplio debate demandó el tratamiento de los autoplanes de ahorro. Se expuso un sinnúmero de casos de inusuales características, los juzgados se encuentran colmados de acciones de Consumo, iniciadas contra las mismas empresas demandadas, de manera colectiva o particular, que intentan amparar la situación de miles de familias sometidas a este sistema.

No es menos importante señalar que, se han emitido medidas cautelares -a favor de los damnificados-, la realidad indica que se está ante una situación sin precedentes, sin resolución de la cuestión de fondo, por lo que se decidió continuar con gestiones ante la Inspección General de Justicia y recurrir a la comisión de Derecho del Consumidor de la Cámara de Diputados de la Nación, donde están en curso proyectos de ley para enmendar el estado de hipervulnerabilidad de los consumidores.

DDHH a la paz
Así también, se aprobó la adhesión de ADPRA al Proyecto de Declaración Universal sobre el DDHH a la Paz formulada oficialmente desde la Red Federal de Estudios sobre el Derecho Humano a la Paz, del 30 de enero de 2023 la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH).

La AEDIDH, lidera desde el año 2005, la campaña mundial de la sociedad civil a favor del Derecho Humano a la Paz. En un documento, expresan que “es nuestra ambición conseguir que la paz sea consagrada como un derecho humano por parte de la ONU”. Un primer éxito obtenido fue la Declaración sobre el Derecho Humano a la Paz, adoptado por la Asamblea General el 19 de diciembre de 2016. No obstante, advierte, la misma no desarrolla los elementos esenciales que componen el derecho humano a la paz, a pesar que la sociedad civil lo demostró ante los estados miembros de la ONU.

Asimismo, se trató y se adoptaron estrategias a desarrollar, ante las instituciones pertinentes, para procurar mayor accesibilidad al Programa Hogar o sistema de tarifa diferencial para garrafas, como así también propiciar un proyecto de Ley de Tarifa Regional Diferenciada para zonas cálidas.

No dejó de considerarse exhaustivamente la situación de los combustibles, con subas superiores a lo establecido, por lo que se decidió habilitar mecanismos para lograr una reunión con legisladores que impulsan la ley de «precio único» de combustibles.

Por último, entre otros temas, el plenario de ADPRA declaró de interés la firma de un convenio de cooperación con la Asociación Civil “Plataforma Mayor”, integrante de la red por los Derechos Humanos de las Personas Mayores, para colaborar con su trabajo de promoción y defensa de los derechos de las personas mayores y en especial en contra del maltrato y el abuso. Resaltando que las personas mayores necesitan capacitación sobre cómo defender sus derechos, porque hay un altísimo número que no saben cómo hacerlo y esto genera un problema adicional que es el de la indefensión.

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30.06.23 (NUEVO DIARIO). Hoy, en Paraná, en el «Salón de Convenciones La Vieja Usina» y en la sala «Manuel Antequeda», se desarrolla el 1er Plenario Nacional 2023 de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, presidido por su titular, Defensor del Pueblo de Santiago del Estero, Dr. Lionel Enrique Suárez.

El plenario, con importante presencia de Defensores del Pueblo, lo organiza la Defensoría del Pueblo de Paraná, en el 20 aniversario de su creación.

La bienvenida y apertura de las deliberaciones, estuvo a cargo de la anfitriona, Defensora del Pueblo de Paraná, Dra. Marcia López y la Adjunta, Cecilia Pautaso.

Asimismo, el plenario, entre otros temas, contempla la consideración del siguiente Orden del día:

La incorporación de la Defensora de las Niñas, Niños y Adolescentes de
la República Argentina como socia activa.

Se considerará la solicitud de adhesión a la Declaración de Adhesión al proyecto de Declaración Universal sobre el DD HH a la Paz formulada mediante formal presentación desde la Red Federal de Estudios sobre el Derecho
Humano a la Paz (REFEPAZ) y la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH) (Presidencia DP
Santiago del Estero).

Garrafas: Solicitud de mayor accesibilidad del Programa Hogar o sistema de tarifa diferencial para garrafas en el NEA. (DP Chaco).

Proyecto de Ley de Tarifa Regional Diferenciada para zonas cálidas.(DP Formosa).

Autoplanes y ahorro. IGJ: dar seguimiento y nuevas acciones. (DP Santa Fe).

Solicitar por nota institucional a los candidatos a presidente la designación del Defensor del Pueblo de la Nación y sus adjuntos, como así también, del Defensor del Pueblo de la Provincia de Entre Ríos (DP Santa Fe y DP Paraná).

Además, se analizará el aumento de peajes en tramos concesionados por la empresa Corredores Viales S.A. Falta de mecanismo de audiencia públicas, posibilidad de presentación conjunta solicitando que previo al aumento pactado para el mes de agosto, se convoque a una audiencia pública. (DP Chaco).

Situación de combustibles. Subas superiores en el NEA a lo establecido en el programa precios cuidados. Factibilidad de lograr reunión con legisladores que impulsan la ley de «precio único» de combustibles. (DP Chaco).

Resolución ADPRA sobre proyecto de ley de envases en el Congreso Nacional. (DP Santa Fe).

Protocolo Empresas y DD.HH. (Problemáticas de las agencias de seguridad privada – proyecto de ley, iniciativa legislativa -Grupo de Trabajo FIO) (DP Santa Fe).

Participación internacional FIO-IOI / 40 Aniversario del ILO. (DP Santa Fe). Invitación Conmemoración de los 40 años del ILO, que se realizará en octubre en la Ciudad de Buenos Aires. (DP CABA).

Declaración de Interés la mención de la Defensoría del Pueblo de Posadas en el Manual de Prácticas Sostenibles de las Defensorías Locales, elaborado en el marco del Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del Pueblo de Iberoamérica – PRADPI-, de la Universidad Asociación de Defensores del Pueblo de Alcalá de Henares, Reino de España por su trabajo en pos del acceso formal al agua sana y limpia en la ciudad de Posadas, lo que motivó el reconocimiento de la Asociación Global de Ombudsperson Local. (DP Posadas).

Declarar de interés la firma de un convenio de cooperación con la Asociación Civil “Plataforma Mayor” integrante de la red por los Derechos Humanos de las Personas Mayores para colaborar con su trabajo de promoción y defensa de los derechos de las personas mayores y en especial en contra del maltrato y el abuso. Resaltando que las personas mayores necesitan capacitación sobre cómo defender sus derechos, porque hay un altísimo número que no saben cómo hacerlo y esto genera un problema adicional que es el de la indefensión. (DP Posadas)

Instancia al Ministerio de Transporte de Nación para interconectar la Provincia de Formosa a la Red Ferroviaria Nacional. (DP Formosa).

Defensores del Pueblo presentes:

ALICIA PERESUTTI MAS (DPN) ; ALEJANDRO NATO (DPN); NORBERTO DARCY (CABA); FERNANDO RIZZI (Gral Pueyrredón); MARCELA FARRONI (La Plata); FACUNDO MANCEBO (Lanús); VALERIA ROLDAN (Morón); BERNARDO VOLOJ(Chaco); HUGO POZZI (Cordoba); ISMAEL RINS (Río Cuarto); MARIA EUGENIA GANCEDO, PIERO (Villa María); CESAR VALLEJOS TRESENS (Corrientes); AGUSTIN PAYES (Ciudad de Corrientes); CLAUDIA BARD (Chubut); JOSE GIALUCCA (Formosa); JAVIER DE BEDIA (Jujuy); PENAYO (Misiones); OLGA ALFONDO (Centenario); CARLOS FERNANDO BRAVO (San Martín de los Andes); MARTIN PEREZ MORANDE (Viedma); GABRIEL SAVINO, JORGE HENN (Santa Fe); CLAUDIA ACUÑA (La Banda), KARIM KANAN (Tucumán); VALERIA FIORE (Posadas).