ADPRA rechazó ataques de Gobiernos de la Región

14.07.20 “Silenciar a los defensores del Pueblo es una solución que deteriora a la democracia misma y ello sólo traerá más pesar y dolor a los pueblos” afirma el foro. En un comunicado de prensa, “la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) rechaza las sucesivas acciones obstruccionistas e intimidatorias a instituciones de derechos humanos de parte de distintos gobiernos o parlamentos de América Latina”. Se verifican casos de persecución en Guatemala, Bolivia, Costa Rica y Perú. (Foto Archivo)

Indica que “la reciente pretensión de sectores del parlamento de Guatemala, de destituir al Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade – quien además es el actual presidente de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO)-, por haber izado una bandera multicolor en conmemoración del mes del orgullo LGBTIQ+, como hicieran innumerables oficinas de defensa de derechos en muchos países, no sólo es inadmisible por desproporcionada sino por anacrónica y discriminatoria, y harto demostrativo de lo hoy ADPRA denuncia”.

Suscriben el documento, Alejandro Amor, Presidente de ADPRA; Rocío Fernández, secretaria de ADPRA y Raúl Lamberto, representante argentino ante la FIO.

Agrega el comunicado que “los 21 países que conforman la FIO se convocaron en asamblea extraordinaria este lunes, por la situación en Guatemala y también por similares acciones en Bolivia contra la Defensora del  Pueblo, Nadia Cruz Tarifa; en Costa Rica hacia la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo Sancho; y en Perú a Walter Gutiérrez Camacho, a cargo de la Defensoría del Pueblo de ese país”.

Afirma que “en todos los casos las razones carecen de densidad argumental, peso jurídico y causa política legítima”.

Subrayan que “ADPRA, que reúne a los 60 Defensores del Pueblo argentinos (nacional, provinciales y municipales), se solidariza con todos ellos e insta a los organismos multilaterales, supranacionales y nacionales a pronunciarse en idéntico sentido, como así también a las organizaciones de la sociedad civil”.

Asimismo, requiere que “cesen de inmediato las persecuciones que parecen configurar un intento regional para acallar a los funcionarios cuya misión es defender los derechos humanos, siendo que, el incumplimiento de estos, afectan centralmente a los sectores más desprotegidos y discriminados”.

Advierte que “las previsiones oficiales aseveran que el deterioro socio económico mundial que sobrevendrá a esta tragedia universal producto de la pandemia de COVID 19 será más profunda en los países de América Latina y serán las oficinas Ombudsman las encargadas de velar por derechos humanos de los más perjudicados. Silenciar a los defensores del Pueblo es una solución que deteriora a la democracia misma y ello sólo traerá más pesar y dolor a los pueblos”.