ADPRA solicitó al PEN rever su política sobre educación universitaria pública

27.08.18 Ello impacta no solo en las 57 casas de estudio mencionadas, sino también en 190.000 docentes y en 1.600.000 estudiantes universitarios.  “Los Defensores del Pueblo, nucleados en la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), integrada por hombres y mujeres que defendemos la plena vigencia de los Derechos Humanos, la Constitución Nacional y el respeto por las Instituciones, han manifestado su solidaridad y profunda preocupación con relación a la compleja situación por la que atraviesan las Universidades Públicas y la comunidad universitaria toda” sostuvo el Defensor del Pueblo de la provincia, Dr. Lionel Enrique Suárez.

El Defensor del Pueblo de la provincia, Dr. Lionel Enrique Suárez, en contacto con la prensa, indicó que “la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, se ha pronunciado sobre la problemática que afecta hoy a la universidad pública de nuestro país, a nivel salarial y presupuestario en general, dado que ha sufrido recortes o reasignaciones, que afectan su normal funcionamiento. A nivel local, me solidarizo con la preocupación de las autoridades de la UNSE y su alumnado – el Rectorado y el Consejo Universitario-, que se han declarado en estado de alerta por la educación superior universitaria y han rechazado toda política de reducción presupuestaria, de la educación pública en general, que ha establecido el gobierno nacional”.

Agregó que “la UNSE ha crecido y desarrollado con un importante esfuerzo, para ponerse a las alturas de las circunstancias históricas y políticas por la que atraviesa la provincia, de crecimiento y desarrollo, y la universidad pública contribuye en este proceso de formación de nuestros jóvenes, futuros profesionales, que hoy debemos defender”.-

En tal sentido, indicó que ADPRA consideró que “el pasado 24 de agosto se cumplieron tres semanas del cese de actividades en 57 Universidades Públicas y en Colegios Preuniversitarios como medida de fuerza por el reclamo de un aumento salarial docente superior al 15 % resuelto de manera unilateral por el Ministerio de Educación de la Nación, sin cláusula gatillo, que les permita garantizar el poder adquisitivo de los salarios ante la inflación”.

En lo que respecta a la inversión en la infraestructura universitaria “ADPRA considera que, si bien el presupuesto destinado al área fue mayor, en el último año, la ejecución presupuestaria se encuentra retrasada o están congeladas las obligaciones contraídas”.

Asimismo, subraya que “el aumento generalizado de las tarifas de los servicios públicos, sobre el cual nuestra Asociación se ha expedido en reiteradas oportunidades, implica una severa reducción en el presupuesto de cada Universidad, debido a que se ven obligadas a destinar cada vez más fondos para solventarlos”.

Puntualiza ADPRA que “es por ello que los Defensores del Pueblo de la República Argentina vemos con suma preocupación la situación que atraviesan las Universidades Públicas y la comunidad universitaria, que impacta no solo en las 57 casas de estudio mencionadas, sino también en 190.000 docentes y en 1.600.000 estudiantes universitarios”.

Por ello, concluyen solicitando “al Poder Ejecutivo Nacional, mediante su Ministerio de Educación, que revea sus políticas, a nivel de la educación universitaria pública, y concrete un acuerdo con las autoridades y con los docentes de las Universidades en pos de garantizar los derechos laborales y educativos afectados, para así sostener la paz social”.

Recorte Presupuestario

Al término del primer semestre del año, las universidades nacionales afrontan una deuda de 13 mil millones de pesos por parte del Gobierno, que viene subejecutando el presupuesto del sector, tras haberlo recortado en más de mil millones. Los datos surgen de un nuevo informe del Instituto de Estudios y Capacitación (IEC) de la federación docente Conadu, que analiza la situación presupuestaria de las casas de estudio en base a datos del Ministerio de Hacienda.

De mantenerse las tendencias de desfinanciamiento y subejecución del presupuesto universitario mostradas durante la primera mitad de 2018, éste será el año más crítico para la universidad pública.

Para 2018, el presupuesto total asignado por el Congreso a las universidades era de 107,6 mil millones de pesos. En lo que va del año, ya se le han recortado 1056,4 millones de pesos. Según indica el informe del IEC, 655,9 millones de pesos fueron quitados del presupuesto de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), mientras que los 400 millones restantes corresponden a otros programas y jurisdicciones ajustados.

Las áreas más afectadas por el recorte del presupuesto de la SPU fueron Proyectos Especiales (se redujo un 90,9 por ciento); Infraestructura (se redujo un 40,3 por ciento); Conducción, gestión y apoyo a las políticas de educación superior (bajó un 31,2 por ciento) y Fomento a la actividad de investigación de los docentes universitarios (bajó un 3,7 por ciento).

A los recortes debe sumarse un fuerte ajuste vía inflación para el presupuesto universitario (aprobado el año pasado, bajo el pronóstico ya abandonado por el mismo Gobierno de un 15 por ciento de inflación), y también vía devaluación del peso: parte de los gastos que las universidades deben asumir se ven afectados por el precio del dólar, por ejemplo insumos de laboratorio, equipos y material bibliográfico internacional.

Pero además de los recortes, el sistema universitario también se ve afectado por el atraso en las transferencias para cubrir gastos de funcionamiento, ya que el Poder Ejecutivo viene enviando los fondos para pagar salarios pero está demorando el giro de recursos para pago de servicios públicos, obras de infraestructura, becas estudiantiles y de investigación, entre otras áreas.

Al finalizar el primer semestre, la deuda en las transferencias exigible a la SPU llegó a 13.552,7 millones de pesos. Se trata de la subejecución del presupuesto más alta para el mismo período bajo el gobierno de Cambiemos. Al finalizar el primer semestre, la SPU no había pagado el 24,9 por ciento del gasto contabilizado (devengado) durante el período. En 2016, 700 millones de pesos del presupuesto asignado a las universidades quedaron sin ejecutar y en 2017 fueron 738 millones, alcanzando el nivel de ejecución más bajo de la última década.

El atraso en los pagos ha sido denunciado por los rectores de las universidades y afecta a todas las actividades, alcanzando niveles muy altos en Desarrollo de Proyectos Especiales (100 por ciento); el Programa Bec.Ar (93,7 por ciento), gastos para funcionamiento (73,3 por ciento); Investigación de los Docentes Universitarios (53,5 por ciento); y el Financiamiento de los Hospitales Universitarios (49,5 por ciento).