Está vigente la financiación de deudas de gas en hasta 30 cuotas

09.07.21 La Defensoría del Pueblo de la provincia, a cargo del Dr. Lionel Enrique Suárez, ante diversas consultas efectuadas ante este organismo, informa que, está operativa la Resolución 2021-383-APN-MEC, por la que se “establece que las empresas prestadoras del servicio público de distribución de gas por redes deberán otorgar a los usuarios y a las usuarias residenciales y no residenciales – beneficiados por la suspensión cortes de servicio establecida en el Decreto 311/2020-, planes de facilidades de pago de hasta TREINTA (30) cuotas iguales, mensuales y consecutivas, para cancelar las deudas que se hubieren generado durante el plazo de vigencia del citado decreto; sin perjuicio que el usuario o la usuaria pueda solicitar fehacientemente ante la Prestadora su cancelación con anterioridad y/o en menor cantidad de cuotas”

En los considerandos, se indica que “mediante la Ley N° 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública se declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, y se delegaron en el Poder Ejecutivo Nacional diversas facultades en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional”.

Indica que “a través del Decreto N° 260 de fecha 12 de marzo de 2020 se amplió por el plazo de UN (1) año la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública en virtud de la pandemia declarada por la OMS con relación al Coronavirus COVID-19”.

Más adelante precisa que “la grave situación económica que está atravesando el país desde el año 2018 derivó en la sanción de la ley citada en el primer considerando de la presente medida, y se agudizó por los efectos de la pandemia mundial ocasionada por el Coronavirus COVID-19 resultando en la implementación de una batería de políticas públicas por parte del Gobierno Nacional para asistir a diferentes sectores en este momento crítico”.

Se recuerda que “en virtud del Decreto N° 311 de fecha 24 de marzo de 2020 se dispuso que las empresas prestadoras de los servicios de energía eléctrica, gas por redes y agua corriente, telefonía fija o móvil e Internet y TV por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital no podrían disponer la suspensión o el corte de los respectivos servicios a las usuarias y a los usuarios alcanzadas y alcanzados por dicha medida, en caso de mora o falta de pago de hasta TRES (3) facturas consecutivas o alternas y cuyos vencimientos hubieran operado a partir del 1° de marzo de 2020”.

Agrega que “mediante el Decreto N° 543 de fecha 18 de junio de 2020 se amplió el plazo establecido para la consecución de los objetivos establecidos en el artículo 5º de la Ley N° 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública por un lapso adicional de ciento ochenta (180) días contados a partir del vencimiento del plazo original”.

Más adelante agrega que “en el artículo 5° del Decreto N° 311/2020 se dispuso que las empresas prestadoras de los servicios detallados en los artículos 1° y 2° del citado decreto deberán otorgar a los usuarios y a las usuarias, planes de facilidades de pago para cancelar las deudas que se generen durante el plazo de vigencia de la medida, conforme las pautas que establezcan los entes reguladores o las autoridades de aplicación de los marcos jurídicos relativos a los servicios involucrados, con la conformidad de la Autoridad de Aplicación”.

Subraya que “durante la vigencia del mencionado decreto se evidenció un alto grado de morosidad en los pagos de la facturación emitida por las empresas prestadoras del servicio público de distribución de gas por redes, tanto por parte de los sujetos contemplados en el artículo 3° del Decreto N° 311/2020 como por otros usuarios/usuarias no comprendidos en los alcances del citado artículo”.

En lo específico “el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), organismo autárquico en el ámbito de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, requirió una serie de precisiones relativas a la normativa citada, referidas a la financiación y los intereses a aplicar en los planes de pago a usuarias y usuarios de gas por redes beneficiarias/os de las medidas dispuestas en el Decreto N° 311/2020, destacando la necesidad de dar respuesta a numerosas consultas recepcionadas tanto de usuarios y de usuarias como de prestadoras del servicio de distribución de gas por redes en relación con ello».

Se concluye que “en consecuencia, resulta necesario establecer las pautas para la regularización de dichas deudas con la finalidad de asegurar el normal funcionamiento del servicio de gas natural, pero sin dejar de atender a la situación de emergencia que atraviesan los usuarios y las usuarias. Se considera prudente otorgar la posibilidad de cancelar las deudas en hasta TREINTA (30) cuotas iguales, mensuales y consecutivas. Con relación a la tasa de interés a aplicar, dadas las particulares características de las usuarias y los usuarios alcanzadas/os por la emergencia y los efectos del Decreto N° 311/2020, corresponde establecer una tasa que esté acorde a los principios que inspiraron el dictado del aludido decreto”.

Hackeos Bancarios: Recomendaciones del BCRA a entidades financieras

“Para la autorización de un crédito preaprobado la entidad debe verificar fehacientemente la identidad de la persona usuaria de servicios financieros involucrada”. La Defensoría del Pueblo de la provincia de Santiago del Estero, a cargo del Dr. Lionel Enrique Suárez, ante situaciones de estafas virtuales, en sus diversas denominaciones, registradas con clientes de la banca nacional e internacional – algunas de las cuales se han puesto en conocimiento de este organismo-, se informa que, el Banco Central de la República Argentina ha emitido un importante circular al respecto, que debe ser tenida en cuenta por todas las entidades bancarias, para evitar situaciones controversiales, de vulneración de derechos, con los clientes bancarios.

En efecto, la Comunicación “A” 7319 01/07/2021 dirigida a las entidades financieras, especifica clara y categóricamente “los requisitos mínimos de gestión, implementación y control de los riesgos relacionados con tecnología informática, sistemas de información y recursos asociados para las entidades financieras”.

Indica que “para la autorización de un crédito preaprobado la entidad debe verificar fehacientemente la identidad de la persona usuaria de servicios financieros involucrada. Esta verificación debe hacerse mediante técnicas de identificación positiva, de acuerdo con la definición prevista en el glosario y en el requisito técnico operativo específico (RCA040) de estas normas”.

Asimismo, expresa, “se deberá constatar previamente a través del resultado del proceso de monitoreo y control, como mínimo, que los puntos de contacto indicados por el usuario de servicios financieros no hayan sido modificados recientemente. Una vez verificada la identidad de la persona usuaria, la entidad deberá comunicarle –a través de todos los puntos de contacto disponibles– que el crédito se encuentra aprobado y que, de no mediar objeciones, el monto será acreditado en su cuenta a partir de las 48 horas hábiles siguientes”.

Concluye que “el citado plazo de acreditación podrá ser reducido en el caso de recibirse la conformidad del usuario de servicios financieros de manera fehaciente”.

Asumió el nuevo Defensor de Niños, Niñas y Adolescentes en la Cámara de Diputados

A las 10.55 de hoy asumió el doctor Leandro Javier Drube. Hoy, la Cámara de Diputados de la provincia, en sesión ordinaria, ingresó y trató sobre tablas, la designación propuesta por el Defensor del Pueblo de la Provincia. Dr. Lionel Enrique Suárez.

En la oportunidad, estableciendo un cuarto intermedio, se dispuso reunir a la comisión de Petición y Poderes, que analizó los pliegos del propuesto, emitiendo el dictamen correspondiente, aprobando la propuesta elevada por el Ombudsman. Iniciada la sesión ordinaria, se sometió a consideración del cuerpo el dictamen, que fue votado de manera nominal, contando con el voto positivo de los bloques del Frente Cívico, Partido Justicialista y Frente Renovador, El bloque del Frente Cambiemos, se abstuvo de votar.

Siendo, las 10.55, prestó juramento de estilo, ante el vicegobernador, Dr. Carlos Silva Neder, el flamante Defensor Adjunto de Niños, Niñas y Adolescentes, Dr. Leandro Javier Drube.

Drube estuvo acompañado por el Ombudsman, Dr. Lionel Suárez y el Defensor Adjunto saliente. Dr. Luis Horacio Santucho.

Defensoría del Pueblo intervendrá en casos de hackeos a cuentas de home banking

16.06.21 Se trabaja en establecer acciones comunes, con la Defensoría del Pueblo de la Capital, ante varios casos denunciados. El Defensor del Pueblo de la provincia, Dr. Lionel Enrique Suárez, en virtud del estrépito público que provocaron los casos ventilados en redes sociales (Red_de_Medios) de hackeos o intervenciones de extraños con fines delictivos y de apropiación de dinero a cuentas home banking, en casas bancarias de orden nacional, recibió en audiencia a damnificados por la maniobra delictiva informática, que se extiende por todo el país con cientos de damnificados.

En efecto, esta mañana, Suárez recibió en audiencia y se interiorizó de cada caso en particular, a Martín Alfredo Geréz, Maria Claudia Campos y Lucas Ruiz Huidobro.

 En la oportunidad, cada uno relató al Ombdusman todas las particularidades de cada caso, siendo la presunta vulnerabilidad de la infraestructura digital de entidades bancarias – siendo la más invocada ante la Justicia de Crimen, Defensa del Consumidor, la entidad Banco Galicia-, la que se utilizó para perpetrar las acciones de apropiamiento o vaciamiento de las cuentas de los damnificados, mediante ardides comunes y particulares, con mensajes vía mail, etc.

Suárez, luego de escuchar las diversas situaciones en particular, que tiene alto impacto en los damnificados, en estos momentos de sensibilidad social por el contexto Pandemia por Covid 19, transmitió tranquilidad a los mismos indicando que, desde la Defensoría del Pueblo, como en otras oportunidades, de casos colectivos que entendió, se agotarán todas las instancias administrativas y jurídicas al alcance de la institución, en la defensa de los derechos colectivos vulnerados.

Por último, Suárez invitó a acercarse a la institución a todos los usuarios bancarios que han sido estafados y/o afectados en su patrimonio financiero, sirviéndose de la vulnerabilidad digital de algunas entidades crediticias, generando violencia moral y obligaciones pecuniarias ilegítimas, de imposible cumplimiento o fuera del alcance de las víctimas.  

Numerosos casos en el país

Cabe destacar que, en casos de similares características, en distintos puntos del país y, ante requerimiento formulado sobre el particular, el Banco Central de la República Argentina indicó: “Los bancos deben cumplir una serie de requisitos para prevenir este tipo de situaciones. En primer lugar, tienen que “mantener informado y entrenado a clientes, a responsables de la gestión de los canales electrónicos, proveedores y personal interno, mediante un programa de concientización y capacitación con un contenido apropiado al escenario o situación”.

También deben “requerir la confirmación o revalidar la instrucción del cliente mediante un segundo factor, por ejemplo un token dinámico, secretos compartidos (para estos casos en los cajeros automáticos suelen usar un PIL o clave alfanumérica) y, además, si no se cumple con los patrones de comportamiento establecidos por la entidad, verificar la identidad del cliente mediante técnicas de identificación positiva (corresponde al proceso de control de acceso)”.

Asimismo, el Central señaló que los bancos están obligados a llevar “registros que permitan determinar la trazabilidad de las actividades efectuadas por el cliente” y también “mecanismos de monitoreo transaccional que puedan advertir situaciones sospechosas basados en características del perfil y patrón transaccional del cliente bancario”.

Finalmente, es su deber “contar con las capacidades para tratar los incidentes detectados con un esquema de escalamiento definido formalmente”.

Recomendaciones

Más allá de esto, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santiago del Estero, recuerda a la población que es importante NO proporcionar datos privados, tanto personales como de cuentas bancarias, a desconocidos. Y que las claves de seguridad no deben ser divulgadas por ninguna razón. La clave token, es un factor de autentificación que brinda acceso total a las cuentas, por lo que no debe entregarse bajo ninguna condición. Finalmente, la institución invita a quienes tengan dudas o consultas, hayan sido víctimas de este tipo de estafas o sospechen que podrían serlo a plantear su caso a través de pedido de audiencia presencial por los canales virtuales disponibles en el portal (www.defensorsantiago.gob.ar).

Comenzó la inspección a industrias sucro-alcoholeras en Tucumán

19.05.21 Se reanuda el ciclo de inspecciones de fiscalización a industrias sucro-alcoholeras de Tucumán, en el marco del acta acuerdo suscripto el 30 de diciembre se 2011, entre las provincias de Tucumán y Santiago del Estero y la entonces Secretaría de Ambiente de la Nación como garante del cumplimiento de las metas y plazos, todo bajo observancia de la Corte Suprema de Justicia, en la causa incoada por Santiago del Estero, por la contaminación de la Cuenca Salí.

En efecto, se concretó la primera jornada de inspección a las industrias sucro-alcoholeras tucumanas, comprendiendo la misma la visita hoy a los Ingenios Famaillá, Bella Vista, Santa Bárbara, Marapa, Corona y Santa Rosa. Mañana serán inspeccionados los ingenios Florida, Concepción, Leales y San Juan. Con la presencia de funcionarios del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, representado por Gabriela González Trilla y Alejandro Mackielo (BCA), de la Secretaría de Medio Ambiente de Tucumán, con el Ing. Alfredo Montalván y de la Defensoría del Pueblo de la provincia, referenciado por el Dr. Lionel Suárez, se realizó una visita de inspección de tareas de pre aprestamiento de actividades de zafra 2021.

En contacto con la prensa, el Dr. Lionel Suárez, consideró que “era una necesidad de realizar inspecciones en los ingenios con destilería, dado que el año pasado, quedaron suspendidas con motivo de las medidas preventivas adoptadas en el contexto de la pandemia Sars Cov-2, que significó el cierre de los límites interprovinciales, quedando supeditado el control interno a  la Secretaría de Ambiente de Tucumán, y al control de los afluentes desde el perilago del Embalse de Termas de Río Hondo desde el Programa de Monitoreo Permanente y dentro del Embalse desde el Programa de Alerta temprana que son ejecutados por la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Obras, Aguas y Medio Ambiente de la provincia de Santiago del Estero, no habiéndose registrado incidentes específicos relacionados con el objeto del Acta Acuerdo ( vinazas ni cenizas) en el Embalse de Río Hondo”.

Indicó que “en esta ocasión, durante dos días, se inspeccionarán los diez ingenios sucro-alcoholeros, con equipos de inspección integrados por representantes de ambiente del gobierno Nacional, de Tucumán y Santiago del Estero, respectivamente”. 

Agregó Suárez que “la presencia del Ministerio de Ambiente de la Nación, con los vaivenes que tuvo en la gestión nacional anterior, reasumió su papel de garante del acta acuerdo suscripto, hace 10 años, entre Nación y las provincias de Tucumán y Santiago del Estero, dando cumplimiento a lo que estableció la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, en virtud de un amparo ambiental -interpuesto por la Provincia de Santiago del Estero-, monitorea el saneamiento de la cuenca Salí-Dulce”.

Precisó Suárez que las inspecciones se centrarán en determinar el estado previo la inicio de la zafra, el control y seguimiento de la disposición de la vinaza, la localización de las cenizas, la re-utilización de las aguas de lavado de caña de azúcar y el control de efluentes industriales.

Montalván celebró el cumplimiento del acta acuerdo

El secretario de Medio Ambiente de Tucumán, Ing. Alfredo Montalván, celebró lo que consideró “un hecho inédito del cumplimiento efectivo, en 10 años, de un acta acuerdo suscripto. A veces los contratos sociales no se cumplen, sin embargo con pruebas acabadas se ha cumplido”. 

Rescató la visión del gobierno de Santiago del Estero “de interponer una demanda y la participación del Ministerio de Ambiente de la Nación que tiene que tutelar que se cumpla lo comprometido, en ese sentido esta ronda de inspección concluirá en un informe a la Corte Suprema de Justicia”.

Por último, subrayó el seguimiento y monitoreo del grado de cumplimiento de las industrias de los protocolos establecidos, por la SeMA de Tucumán, correspondientes al estudio de los suelos, las napas freáticas y la disposición final de cenizas y  vinaza en suelo tucumano lejos de cualquier curso de agua que desemboque en el embalse de Termas de Río Hondo.

Defensoría del Pueblo y el Certificado de Pre Identificación

De esta manera los ciudadanos indocumentados podrán gozar de los beneficios de la seguridad social. El Defensor del Pueblo de la provincia, Dr. Lionel Enrique Suárez, fue recibido en audiencia por el titular del Ministerio Público de la Defensa, Dr. Enrique José Billaud, para articular soluciones a los expedientes incoados ante la Justicia, en la procura de obtener el certificado de pre-identificación, en el marco de la Ley 27.611.

Indicó que la gestión se remonta a la audiencia virtual, con las autoridades del Consejo Federal del Políticas Sociales, a cargo de Victoria Toloza Paz, conjuntamente con la Ministra de Justicia de la Provincia, Dra. Matilde O´Mill y la directora del Registro Civil de la Provincia. La Defensoría del Pueblo ha asumido el compromiso de andar el camino que vienen realizando las informaciones judiciales y tratar de desjudicializar algunos trámites y acompañar a los comprovincianos con el registro para que puedan acceder a este certificado y poder acortar los plazos del reconocimiento de identidad para así poder gozar de los beneficios de la seguridad social”, aseguró.

“El Certificado de Pre-Identificación es un instrumento para aquellas personas indocumentados con el que pueden acceder a derechos básicos, mientras se realiza el trámite de inscripción tardía de nacimiento o para toda aquella persona que no tienen el acta de nacimiento o el certificado de nacido vivo o, aún teniéndola, no se han presentado al Registro Civil”, explicó Suárez y agregó “luego tienen que presentar lo que se llama una información sumaria para poder acreditar su nombre y su identidad y a partir de ahí gozar de los derechos que derivan de la propia identidad”.

“A partir de la Ley 27.611 se permite el certificado de preinscripción o de preidentificación a quienes cumplan con los datos biométricos (las huellas dactilares, fotografía y gráficos que declara la persona ante el Registro Civil), puedan contar con este certificado que otorga el Estado Nacional y a partir de esa emisión la persona va a comenzar a gozar de todos los beneficios de la seguridad social que con la identidad se viene dando”.

Al día de hoy, en Santiago del Estero, en un informe preliminar, se registran más de 500 personas que se encuentran con trámites judiciales, en distintas etapas, informó el Dr. Suárez y aseguró que “hoy nos hemos reunido con el titular del Ministerio Público de la Defensa, el Dr. Enrique Billaud, para tratar de ver en qué estados se encuentran esos expedientes y cuál de ellos pueden acceder al certificado de preidentifiación”.

De estas personas indocumentadas, la gran mayoría se trata de gente del interior provincial, Capital, Banda y Las Termas de Río Hondo. Es un trámite gratuito y la única disposición extra es que tienen que cumplir los trámites en compañía de un mayor de edad, a quién también se le tomarán los datos biométricos en el Renaper, Inmigraciones para poder estar registrados en los puntos de ingreso y egreso del país.

Todos los interesados en iniciar este trámite deberán dirigirse a Perú 546 o bien comunicarse al teléfono (0385) 4223469. También pueden dirigirse a la página de la defensoría, donde deberán dejar sus datos de contacto para acompañar el trámite.

Se anuncia para mayo inspección a las industrias sucro-alcoholeras tucumanas

De no mediar disposiciones nacionales que imposibiliten el tránsito entre provincias por pandemia de Covid 19.  Se reunió este miércoles, en esta Capital, el Comité de Cuenca Salí-Dulce. De la reunión, participaron el Defensor del Pueblo de la provincia, Dr. Lionel Enrique Suárez, el Coordinador de Proyectos del Ministerio del Agua y Ambiente, Lic. Sergio Saltz y el secretario de Medio Ambiente de Tucumán, Ing. Alfredo Montalván, oportunidad en la que, entre otros temas, los funcionarios acordaron iniciar inspecciones a las industrias sucro-alcoholeras tucumanas, a mediados de mayo próximo, antes del inicio de la zafra correspondiente a este año.

En la oportunidad, el secretario de Medio Ambiente de Tucumán, Ing. Alfredo Montalván, consideró positiva la reunión – realizada bajo protocolo Covid 19, con distanciamiento social, sin presencia de asesores técnicos-, señalando que ameritando lo trabajado en el período 2020, la labor desarrollada, tanto desde Tucumán como de Santiago del Estero, aun de manera virtual, superó lo realizado durante los años 2018 y 2019. “Si bien fue complejo articular acciones conjuntas el año pasado, se trabajó de manera sostenida y sólida de manera virtual” sostuvo.

Indicó que “en la medida que se pueda, se seguirá monitoreando la cuenca y el Embalse de Río Hondo. Hoy estamos planificando controlar las tareas de alistamiento de las industrias tucumanas sucro-alcoholeras, con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo de la Provincia, el Ministerio del Agua y Medio Ambiente, de la Secretaría de Ambiente de Tucumán y de la Nación, con vistas a la próxima zafra”.

Montalván, valoró que “se han cumplido 10 años de labor efectiva, en cumplimiento del acuerdo de entre Santiago del Estero, Tucumán y la Nación, sin grandes percances que lamentar, en el recurso natural y afluentes, sea de mortandad masiva de peces, sin manchas, sin olores nauseabundos, o la presencia aislada de algas -que son de orden estacional ante elevadas temperaturas-, sin vuelcos industriales de vinaza, ceniza y de lavado de la caña.

Indicó que “se elevó un informe al Ministro de Obras Públicas de la Nación, puntualizando que la ecuación de trabajo 2020 ha sido superior a la de los años 2018 y 2019, no solo trabajamos en burbuja, sino que incrementamos las actuaciones y los controles, lo que muestra la voluntad de las provincias de controlar las industrias”.

Reveló, por último que, si bien la actualidad económica condiciona las inversiones en el sector, para lograr una producción sustentable, y procurar una solución al problema de la disposición de la vinaza, se avanza en la concreción del proyecto de utilización de este residuo para la generación de energía, lo que sería una solución importante para el sector.

En Villa Figueroa se dictó una capacitación sobre la Ley Micaela

03.04.231 “Entendemos que, en este tema, debemos estar todos involucrados en la respuesta como parte de la solución o estar sentados de brazos cruzados como parte del problema” dijo Suárez. La Defensoría del Pueblo de la provincia, días pasados, en la localidad de Villa Figueroa – en la sede de la comisión municipal, a cargo de Gabriela Gerez Bravo-, concretó una jornada de capacitación sobre la Ley Micaela. Giró la capacitación en concientizar, prevenir y promover la adecuada intervención en situaciones de violencia por motivos de género en el ámbito laboral.

En efecto, el Programa de Prevención de Adicciones y Violencia, que coordina Gabriela Pece, realizó la primera capacitación sobre Ley Micaela, violencia de género, tipos de violencia, discriminación y diversidad de género. Participaron personal de la Comisión municipal, Registro Civil, posta sanitaria y personal de la Subcomisaría local. El objetivo la capacitación fue transmitir herramientas y (de) construir sentidos comunes, que cuestionen la desigualdad y la discriminación, y transformen las prácticas concretas de cada cosa que se realiza, cada trámite y cada intervención.

El Defensor del Pueblo, Dr. Lionel Enrique Suárez, al habilitar la capacitación sostuvo que “desde nuestra unidad institucional venimos a hacer este aporte, sobre la Ley Micaela, porque entendemos que, en este tema, debemos estar todos involucrados en la respuesta como parte de la solución o estar sentados de brazos cruzados como parte del problema”.

Suárez ponderó las sólidas políticas del gobierno de la provincia, para atención de la problemática de género, con la creación de la Comisaría del Menor y de la Mujer, como así también la creación de una dependencia del Poder Judicial que atiende a las víctimas de violencia familiar y, concomitantemente, la creación de un hogar para la atención de la mujer víctima de violencia intrafamiliar.

Agregó que “no podíamos, como Defensoría del Pueblo, estar ajenos a la acción y compromiso institucional desplegada por el Poder Ejecutivo, conjuntamente con el Poder Judicial, por lo que aportamos una mirada al cambio que se viene dando, que debe ser aportado por las personas al frente de las instituciones, como la Policía, como primera cara del estado provincial, cuando el ciudadano acude en búsqueda de soluciones”.

 Sostuvo que “el Poder Ejecutivo aporta importantes herramientas para trabajar en el contexto de la violencia de género o promover la adecuada intervención en situaciones de violencia por motivos de género en el ámbito laboral. Ha cambiado el Estado la mirada de la problemática, que dejó de estar escondida y tiene hoy visibilidad, lo que significa mayor compromiso del mismo para dar respuestas” concluyó.

Se constituirá una Mesa de Atención Ciudadana en Villa Figueroa

28.03.21 Con el objeto de facilitar el acceso de la comunidad al organismo, en atención al objetivo fundamental de esta institución que es el de proteger y promocionar los derechos, garantías e intereses de los individuos y del conjunto, previstos en la Constitución y Leyes Provinciales, se rubricó recientemente un Convenio Marco de Cooperación con la Comisión Municipal de Villa Figueroa, para la instalación próxima de una delegación del organismo en dicha comunidad.

En efecto, el Defensor del Pueblo de la provincia, Dr. Lionel Enrique Suárez, suscribió con la Comisionada Municipal de Villa Figueroa, Gabriela Gerez Bravo, un convenio marco de colaboración.

En los considerandos de la iniciativa se indica que “la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santiago del Estero, cuya acta fundacional encuentra sustento en la Ley específica de Creación N° 6.320 reconocida en el Art. N° 141 de la Constitución de la Provincia (TO 2005) establece que el objetivo fundamental de esta institución es el proteger los derechos, garantías e intereses de los individuos y de la comunidad previstos en la Constitución y Leyes Provinciales frente a actos, hechos u omisiones de la Administración Pública o de entes públicos privados prestadores de servicios públicos capaces de afectarlos intereses difusos o colectivos”.

Agrega que “la defensa, promoción y protección de los derechos humanos, con el fin de mejorar la calidad de vida, propendiendo al desarrollo sustentable, y al hacerlo instar a la consecución de los derechos de las personas, coadyuvan en el debido desarrollo institucional, así como la necesidad de potenciar la integración de los distintos sectores de nuestra comunidad en búsqueda de la consolidación de valores como la solidaridad, la participación ciudadana y la responsabilidad social como herramienta para propender al tan ansiado bien común”.

Las partes coinciden que “son contestes en afirmar que, a través del diálogo constructivo, y la activa participación ciudadana, obtendremos como resultado fundamental una sociedad con más oportunidades para todos”.

Subraya que “resulta altamente beneficioso establecer estrechos lazos de cooperación mutua en los temas que hacen a la competencia de las partes, contribuyendo al fortalecimiento y promoción de la institución constitucional sobre la base del respeto mutuo y de finalidades que animan a las partes”.

Agrega que “el presente convenio marco de cooperación permite un canal permanente de intercambio de ideas, experiencias y conocimientos, proporcionando oportunidades para la cooperación y coordinación para lo cual los abajo firmantes acuerdan contribuir, coadyuvando en el debido desarrollo institucional, así como la necesidad de potenciar la integración en búsqueda de la consolidación de valores como la participación ciudadana y la responsabilidad social como herramienta para propender al tan ansiado bien común, contribuyendo al fortalecimiento y promoción de la instituciones sobre la base del respeto mutuo y de finalidades que animan a las partes”.

Por último, las partes deciden establecer y profundizar en el tiempo la relación, potenciando el accionar de cada uno de ellas, reconociéndose mutuamente como instituciones con plena capacidad para la suscripción del presente Convenio.

 

El Defensor del Pueblo de la provincia participó de la audiencia pública 101/21 convocada en el marco del proceso de revisión tarifaria del gas

27.03.21 Reclamó al Enargas que “al tiempo de recuperar la potestad de defender a los usuarios, flexibilice los requisitos de la Tarifa Social, los cuales a partir del entrecruzamiento de datos establecidos el gobierno anterior, excluye automáticamente a muchas familias de acceder a este servicio”. El Defensor del Pueblo de la provincia, Dr. Lionel Enrique Suárez, participó de manera virtual, en la audiencia pública que promoviera el Enargas donde se analizó la adecuación transitoria de las tarifas de los servicios públicos de transporte y distribución de gas natural por redes o Régimen Tarifario de Transición por Decreto 1020, el que determinó el inicio de la renegociación de la RTI vigente.

Suárez, en la oportunidad, aludió al reclamo de las distribuidoras de gas, de un incremento de tarifas, por el desequilibrio económico que atraviesan por atraso de las mismas. “La solicitud de actualización tarifaria pretendida tiene que ser contextualizada dentro de las publicaciones del Enargas que resume que hubo un incremento de tarifas a la fecha de más del 1108 %, en todos los cuadros tarifarios. En el caso de GasNor, que presta servicios en la provincia de Santiago del Estero, desde el 2016 al 2020, y aun el contexto pandemia -donde el usuario no pudo abonar facturas por caída del poder adquisitivo con las medidas de prevención de circulación por un lado y otro tanto por cierre de oficinas de atención al público-, sin embargo a febrero de este año su margen de distribución supera con creces la inversión en toda la región, haciendo notar solo el 3% de esa inversión llegó a Santiago del Estero”.

Agregó Suárez que “a octubre del año pasado, según datos de Enargas, la empresa GasNor tenía el 84% de cobrabilidad, de lo que se desprende que el 16% de usuarios dejó de abonar el servicio, a pesar que desde marzo del año 2020 por Decreto 756/20 del PEN, se prohibió el corte de servicios por falta de pago y aun durante 7 meses por facturas vencidas, consecutivas o alternas, entendiendo que la situación económica subyacente, en la Argentina y en Santiago del Estero en particular, sigue en recuperación, y no puede hacer recaer en el el usuario una mayor erogación para afrontar su consumo, para mantener el margen de distribución de la empresa».

Subrayó puntualmente que “en Santiago del Estero, las categorías R1 y R2, comprende al 60% de los usuarios, unas 37 mil familias, sobre las cuales Gasnor solicita ajustar con una la tarifa transicional en un incremento superior al 25%, y para el pequeño comerciante o PyMES el aumento será de iguales características, por lo que las pautas de la Tarifa de Transición que se pretende va a tener un alto impacto negativo en nuestra sociedad. A todo se agrega que, en el marco de la Tarifa Social, desde 2017 al 2020, la restricciones que surgen de los requisitos impuestos durante la gestión anterior del Gobierno Nacional provocó la caída del mapa de más de 5300 familias santiagueñas beneficiarias. Se las ha colocado lisa y llanamente en la marginalidad sin poder acceder a este al servicio, ni a la categoría mínima de usuario. A este efecto corresponde tener presente los inconvenientes para tampoco acceder a la garrafa social, con coste diferenciado” denunció el Defensor del Pueblo.

Suárez, señaló que “es reclamo unívoco de las Defensorías del Pueblo de todo el país, que es necesario desdolarizar el concepto que es el Punto de Ingreso (TIR) al sistema que determina el 44% de la tarifa final que paga el usuario, también debe reforzarse el programa Hogar la reglamentación de la ley de clubes de barrios”. Por otra parte, consideró necesario analizar la pretensión de “la distribuidora de gas que prevé un incremento, en el Cargo Fijo de más del 65% para toros los usuarios residenciales, comerciales, incluyendo a las entidades bien público”.

Por último, el Defensor del Pueblo de Santiago del Estero, Dr. Lionel Suárez, reclamó al Energas que “recupere para sí el rol motivo de su creación, que recupere la potestad de defender a los usuarios, flexibilizando los requisitos de acceso para la Tarifa Social, a partir del entrecruzamiento de datos, porque sigue vigentes requisitos que exigía el gobierno anterior, por lo que muchas familias son excluidas de acceder a este servicio, pensemos en los docentes, en los remiseros, los taxistas, por lo que se insta a revisar esta política de exclusión”.

La convocatoria
El objetivo de la convocatoria fue considerar la adecuación transitoria de las tarifas de los servicios públicos de transporte y distribución de gas natural por redes, procurando establecer tarifas que promuevan el desarrollo social, económico y productivo del mercado interno. El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) formalizó la convocatoria a través de la Resolución 47/2021 publicada en el Boletín Oficial.

La norma tuvo por objeto poner a consideración el Régimen Tarifario de Transición por el Decreto 1020 -el que determinó el inicio de la renegociación de la RTI vigente- y llevar adelante la discusión necesaria.
En la oportunidad, las licenciatarias de los servicios públicos de transporte y distribución de gas natural presentaron al Enargas los cuadros tarifarios de transición por ellas propuestos, así como la información de sustento de los mismos.

Además, el Ente designó tres agentes del organismo que actuaron como Defensores Oficiales de los Usuarios y las Usuarias de Gas, cuya función fue la de exponer como oradores manifestando todas las observaciones desde el punto de vista de la tutela de aquellos durante la Audiencia.

El interventor del Enargas, Federico Bernal, señaló que el objeto es determinar «tarifas que promuevan el desarrollo social, económico y productivo del mercado interno, en lugar de fundirlo como sucedió con (el ex presidente Mauricio) Macri», y aseguró que la actual gestión recibió «un sistema tarifario insostenible».

Remarcó que ese cuadro tarifario cuestionado «sumió en la pobreza y en la indigencia energética a casi 3 millones de nuevos hogares, esto es, un salto del 220%», en tanto la deuda total del sector residencial (morosos) creció 1.257% entre 2015 y 2019; la de las pequeñas y medianas empresas 4.010% y la de las entidades de bien público un 6.700%.

1 2 3 15