VIDEO/ Viaje de egresados: Audiencia de conciliación de partes

18.04.24 Se otorgó a la empresa de turismo estudiantil nacional, un plazo de cinco días hábiles para elevar una propuesta económicamente viable y posible que solucione la problemática planteada. La directora General de Comercio, dependiente del Ministerio de Economía, Dra. Luciana Monthino señaló que “hay muchas cuestiones que han sido discutidas en la audiencia, en donde se ha visto claramente una operatoria dudosa y obviamente perjudicial para el consumidor, por eso ha intervenido este organismo”.

En efecto, se llevó a cabo, este martes 18, a las 9,30 hs, en la Dirección de Comercio de la provincia una audiencia de conciliación entre las partes -en el caso representantes de padres de colegios de nivel secundario-, que hicieron una presentación ante la repartición, para que intervenga en la problemática que les generó la empresa nacional de turismo estudiantil que, a días de concretarse el viaje, presentó liquidaciones de pago inmediato de cargos, que consideraron excesivos. Participaron de la audiencia la titular de la Dirección General de Comercio, Dra. Luciana Monthino y el Defensor del Pueblo de la provincia, Dr. Lionel Enrique Suárez.

Como se recordará, la empresa de turismo estudiantil reclama un pago extraordinario, que se ubica entre los $270.000 y $320.000, por tres rubros, en virtud de un viaje de egresados del nivel secundario a Bariloche. Las plazas, se estima en un 60%, ya fueron pagadas y hay un porcentual importante de padres que, en dos años por supuestas informalidades empresarias, nunca pudieron laudar un acuerdo con la empresa que ahora solicitaría un pago que ronda $1.400.000 para cualquier interesado.

“El reclamo de los padres se centró en los conceptos o cargos excesivos que estaban cobrando por tasas de embarque y una especie de seguro, garantía o cobertura por el equipamiento que se les otorga a los chicos para realizar diferentes actividades” indicó Monthino.

Participaron de la audiencia de conciliación padres de los colegios: Colegio Belén; Colegio Big Ben; Colegio Bachillerato Humanista; Colegio Hermanas Franciscanas, de la Escuela Normal Manuel Belgrano, el Colegio La Asunción y el Colegio San José. También participó por la empresa un representante abogado de la misma, Dr. Daniel Fiad.

En la oportunidad, los denunciantes ratificaron sus denuncias que consistían; en la falta de información, un problema recurrente en la sociedad por parte de los prestadores de servicios. A qué correspondían estos montos tan excesivos, y la correcta información al consumidor de lo que está abonando.

Luego de un intenso intercambio de consideraciones, entre los denunciantes y el apoderado de la empresa, el mismo solicitó un plazo de 20 días para ofrecer una propuesta que pueda poner fin al conflicto. Finalmente, la Dirección de Comercio le otorgó un plazo de 5 días hábiles para acercar la nueva propuesta con respecto a los montos exigidos.

Valoró Montinho “el trabajo articulado que estamos realizando con el Consejo Federal de Consumo, con la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, con quien tenemos contacto permanente y transmitimos estas inquietudes y estas preocupaciones que afectan a los ciudadanos.

Reveló que en la audiencia los padres han puesto en conocimiento que se encuentran pagando cuotas, pero que no tienen el contrato base ni el contrato de adhesión, porque nunca les ha sido entregado. “La modalidad es la firma por parte de dos representantes de cada colegio de un contrato base y el contrato de adhesión, por parte de los padres. Hay algunos padres que dicen haber adherido, otros que directamente pagan, pero nunca adhirieron” señaló.

Sentenció que “entonces estamos ante vulneración de la información. Estamos hablando de personas que están pagando cuotas, pero no saben qué es lo que pagan, qué comprende, qué no comprende, tan solo hay información a través de reuniones escolares con delegados de la empresa, pero no hay un contrato escrito en poder de los consumidores”.

Añadió Monthino que “hay muchas cuestiones que han sido discutidas en la audiencia, en donde se ha visto claramente una operatoria dudosa y obviamente perjudicial para el consumidor, por eso ha intervenido este organismo. Se les ha hecho también el requerimiento en un plazo de 48 horas de acompañar el contrato base, que si bien obviamente el organismo tiene un modelo de contrato que es el que circula, obviamente teníamos la obligación de requerirles que adjunten el contrato oficial para que el organismo también pueda analizar esas cláusulas y poder dar continuidad al trámite”.

Indicó que “también se ha planteado en la audiencia de conciliación que los cobros diferían según de colegio a otro. También se les va a pedir las explicaciones pertinentes para que nos informen cuáles son los motivos de las diferencias para un mismo viaje”.

Puntualizó que “el abogado, Dr. Daniel Fiad, que se presentó por la empresa de turismo, ha dicho que en el caso de no llegar a un acuerdo de ninguna manera van a caer los viajes, pero lo que sí se puede modificar son las fechas”.

Concluyó que, en el caso de no haber acuerdo, se abriría un procedimiento sumario. La autoridad de aplicación tiene amplias facultades para detectar cualquier tipo de irregularidades e impulsar el trámite necesario a los fines de sancionar esa conducta. “En el caso de no llegar a un acuerdo, seguramente ese será el paso a seguir” dijo.

Concluyó Monthino señalando que “creemos y confiamos en la voluntad conciliatoria de la empresa de turismo como lo ha expresado en este ámbito de audiencia y también en las presentaciones que realizó ante la dirección. Están abiertos al diálogo, se han comprometido a elevar una nueva propuesta, que, de alguna manera, satisfaga la voluntad de los padres, así que esperamos que así sea y que todo esto pueda terminar de una buena manera”.

EL VICEGOBERNADOR SILVA NEDER RECIBIÓ EL INFORME ANUAL DE GESTIÓN 2023 DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO

04.04.24 (Nuevo Diario) (El Liberal) (Prensa Santiago) (sde.gob.ar) (Diario Info) El vicegobernador de la provincia y presidente de la Legislatura, Dr. Carlos Silva Neder, recibió esta mañana en el cuarto piso de la Cámara de Diputados al defensor del Pueblo de la Provincia, Dr. Lionel Suárez, quien le hizo entrega oficial del Informe Anual de Gestión 2023 de este organismo, en cumplimiento de la manda constitucional, conforme a lo dispuesto en el Art. 28, 29 y concordantes de la Ley 6.320.

Acompañado por el defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Dr. Leandro Drube, entregaron al Vicegobernador el Informe Anual que da cuenta de la labor institucional que desarrollaron ambos organismos desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2023.

En la oportunidad, también estuvieron presentes la presidenta provisional de la Legislatura, Norma Abdala de Matarazzo; vicepresidente primero, CPN Juan Manuel Beltramino; Secretario Legislativo, Dr. Raúl Leoni Beltrán y el director de Relaciones Institucionales de la Legislatura, Dr. Luis Herrera.

Sobre el Informe Anual de Gestión, Suárez indicó: “Se entrega al Vicegobernador de la Provincia en cumplimiento del mandato constitucional, presentación que se deja con su respectivo soporte digital y que también fue elaborado para cada uno de los legisladores y sus respectivas bancadas”.

“En él Informe –amplió-, se sintetiza el amplio espectro de actividades y servicios brindados a la comunidad de la provincia a lo largo del año bajo examen, ordenado de acuerdo con una secuencia expositiva que expresa la especialización funcional interna del organismo corresponde que sean abordadas y tramitadas, en resguardo de derechos de los santiagueños que de otro modo se verían obligados a buscar soluciones litigiosas, o cuando no conculcados, ante la imposibilidad de obtener la reparación a su derecho vulnerado”.

Agregó: “Ese fue el escenario en el que la Defensoría del Pueblo trabajó poniendo en diálogo la política pública y los derechos humanos con el claro objetivo de resolver los problemas que aquejaron a las personas”.

Actuaciones

Indicó que «el informe incluye las actuaciones correspondientes a la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, creada e incorporada a esta institución desde la sanción de la Ley Nº 6.915”.

La Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de Argentina manifiesta su preocupación por la quita de subsidios al transporte público de pasajeros

La Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), en un documento, al que adhiere el Defensor del Pueblo de Santiago del Estero, Dr. Lionel Suárez, manifesta su «inquietud ante la problemática que enfrenta el sistema de transporte público de pasajeros urbanos y suburbanos, en todo el país, producto de la decisión del Gobierno Nacional de suprimir los subsidios a las provincias y municipios para este servicio vital, vulnerando los derechos de los usuarios del transporte público, quienes ya se ven perjudicados por un servicio deficiente desde hace meses».

Indica que «la eliminación del “Fondo Compensador del Transporte”, que subsidiaba parte de los servicios de transporte público por automotor en áreas urbanas y suburbanas del interior del país, ha desatado un caos en diversas jurisdicciones, afectando el sistema de transporte en todo el país con acortamiento o interrupción del servicio, incrementos extraordinarios del boleto, procesos de aumentos sin audiencias públicas, restricciones en unidades y frecuencias, entre otras situaciones que han puesto al sistema en límite».

Agrega que «esta medida, que además va en contra del desarrollo, inclusión social y economías de todas las regiones del país, genera una crisis económica aguda para muchas familias, lo que redujo drásticamente la capacidad adquisitiva de los hogares para afrontar otros gastos vinculados al acceso a elementales Derechos Humanos».

Subraya que «para un buen ordenamiento territorial, las políticas públicas de las ciudades deben enfocarseen el fomento de un transporte público que, además de optimizar el uso del espacio, dinamice la economía local. Para que el servicio sea eficiente, tiene que ser de calidad, equitativo y accesible; de esa forma, se garantiza una mayor equidad social, se alivia la congestión vehicular y se estimula un entorno urbano más próspero».

Indica que «el fondo creado por Ley para subsidiar al transporte público del interior del país, no incluidas en las compensaciones tarifarias federales, que se distribuyen entre provincias y/o municipios que adhieren al mismo».

La eliminación del Fondo implica una discriminación evidente, ya que se seguiría subsidiando el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) mientras se retira el apoyo al interior del país.

Esta medida constituye una violación directa a la igualdad de los ciudadanos, que tienen derecho a un acceso equitativo a los servicios públicos, incluido el transporte. Inquieta, principalmente, la liviandad con que se toma una medida, a todas luces, irracional e intempestiva, obviando el impacto sobre los usuarios, quienes se ven forzados a asumir tarifas excesivas o, peor aún, a renunciar a un medio de transporte esencial para ejercer derechos
fundamentales como el acceso a la salud, la educación o al trabajo, entre otros.

Señalan que «debemos ser conscientes, en definitiva, que es ello lo que está en juego. La limitación a derechos tan fundamentales como, el de un adulto mayor que debe movilizarse al hospital, millones de personas a sus lugares de trabajo, estudiantes a sus establecimientos educativos entre otras cuestiones que, de ninguna manera pueden quedar a merced de decisiones tomadas de manera apresurada y negligente; que guardan relación con la ejecución de políticas
financieras fiscales, que no consideran la atención de las necesidades más elementales de nuestra sociedad».

Por ello, indica que «desde ADPRA, instamos al Gobierno Nacional a revisar esta resolución que atenta contra el principio del federalismo y el derecho a la autonomía de las provincias y municipios, solicitando el restablecimiento de los subsidios al transporte público de pasajeros, de manera tal que se logre el respeto a los criterios de equidad en la distribución de los recursos públicos, exigiendo que el servicio de transporte público en la Argentina cumpla con los mínimos estándares de eficiencia y eficacia que se merece nuestra sociedad».

“En estos tiempos de dificultades económicas múltiples, es esencial buscar soluciones a las ineludibles demandas de la población mediante el diálogo y la adopción de medidas racionales» puntualizan.

Concluye que «por esta razón, y con el objetivo de prevenir una crisis irreversible, sentada nuestra postura, nos ponemos a disposición para facilitar cualquier proceso de mediación que reúna a las diferentes partes del sistema de transporte evitando una situación de colapso de este, con directo detrimento en la calidad de vida de los usuarios y los trabajadores dependientes, que afecte incluso negativamente otros aspectos esenciales para la vida institucional de país».

Se firmó un importante convenio de cooperación tecnica para el Departamento Choya

13.03.24 Comprende a la Defensoría del Pueblo de la provincia, la Defensoría de la Niñez y el Adolescente y a la Defensoría del Pueblo de Frías. Hoy, en la sede de la Defensoría del Pueblo de la provincia, de Perú y Alvear, en el 7mo piso, se rubricó un importante convenio de cooperación entre la Defensoría del Pueblo de la provincia, a cargo del Dr. Lionel Enrique Suárez; la Defensoría de la Niñez y el Adolescente, a cargo del Dr. Leandro Drube y la Defensoría del Pueblo de Frías, a cargo del Sr. Luis Bicecci. Por este convenio, las partes suscribientes, acuerdan en diseñar en forma conjunta un Programa de Cooperación Técnica que será coordinado en su ejecución, por el Defensor del Pueblo de la Ciudad de Frías, articulando su actuación en las Comunas de Choya, con el comisionado José María Gómez, de Tapso con el comisionado Sr. Hugo Cejas; con el comisionado de Laprida, Juan Carlos Mansilla y el de Villa La Punta, comisionado Miguel Eljall, para la implementación de una Mesa de Atención al público en la ciudad de Frías para la recepción de reclamos vinculados a la órbita de actuación de las Defensoría del Pueblo de la Provincia y la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes dentro de la jurisdicción del Departamento Choya.

Dr. Lionel Suárez, Defensor del Pueblo de SdE

En los considerandos del convenio, que tendrá una duración de dos años, se indica que «la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos de las personas, coadyuva a un debido desarrollo institucional. Que, a tal efecto resulta altamente beneficioso establecer estrechos lazos de cooperación mutua en los temas que hacen a la competencia de las Partes, sobre todo en el Departamento Choya».

Agrega que «de esta manera, se contribuye al fortalecimiento y promoción de la institución constitucional del Defensor del Pueblo sobre la base del respeto mutuo y comunidad de finalidades que animan a las partes».

El mencionado Programa de Cooperación incluirá, entre otras, las siguientes acciones:
1-Asistencia técnica recíproca (inclusive jurídica y judicial) para el tratamiento de temas inherentes a la competencia de las Partes promoviendo canales de colaboración, intercambio de experiencias de interés común que permitan optimizar la gestión de las Defensorías en la protección de los derechos de la ciudadanía, con especial énfasis en temas relacionados al acceso a los derechos, a la atención al público, a la resolución pacífica de conflictos, a la mediación comunitaria, a la atención a las víctimas y a la protección de la niñez y de la adolescencia.
2- Diseño de proyectos informáticos que permitan a las partes operación y comunicación en red sobre temas de interés común.
3- Diseño de estrategias y organización de campañas de promoción sobre los mecanismos nacionales y provinciales de protección de los derechos e intereses de la ciudadanía.
4- Promoción de la legislación y las prácticas nacionales y provinciales, en armonía con los instrumentos internacionales de derechos humanos, para lograr su efectiva aplicación.

Sr. Luis Bicecci, Defensor del Pueblo de Frías

Por último, entre otros aspectos operativos, se acuerda el carácter de Convenio marco para la ejecución del Programa de Cooperación Técnica definido en el Artículo 1, acordando la suscripción de Actas complementarias cada vez que la ejecución de las acciones convenidas requiera mayores precisiones técnicas de ejecución.

Participaron del acto de rúbrica de este convenio, la concejala de Frías, Milva Inés Stoppa (FC); Cra Jeannette Evelin Ferreyra; Dra. Verónica Alvarado, Asesora Legal -Defensoría de Frías-; María Alejanda Villanueva, Secretaria General- Defensoría Frías; Arq. Luis Lecuona, ex-Intendente y Roberto Cardelle, Asesor,.

8 de marzo – Este 2024 se conmemora el Día Internacional de la Mujer bajo el lema: “Invertir en las mujeres, acelerar el progreso”

Este lema destaca la importancia crucial de invertir en los derechos y oportunidades de las mujeres como un medio efectivo para lograr la equidad de género. En una sociedad que reconoce cada vez más la contribución invaluable de las mujeres en todos los ámbitos, es imperativo no solo reconocer, sino también respaldar financieramente sus derechos, promoviendo así un progreso acelerado hacia una sociedad más justa e igualitaria para todos.

Defensorías del país rechazan la embestida de Nación contra la provincia de Chubut

260224 La Defensoría del Pueblo de la provincia de Santiago del Estero, a cargo del Dr. Lionel Enrique Suárez, adhiere al pronunciamiento de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) y rechaza la arbitrariedad del gobierno nacional en la conducta de privar a la Provincia de Chubut de fondos esenciales para la prestación de servicios básicos.

COMUNICADO DE LA ASOCIACION DE DEFENSORES Y DEFENSORAS DEL PUEBLO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (ADPRA)

¿Castigar a los ciudadanos de las provincias para proteger a los argentinos?

Defensoras y Defensores del Pueblo de la República Argentina adhieren al rechazo de la medida arbitraria adoptada por el Poder Ejecutivo Nacional de privar a la provincia de Chubut, de manera unilateral e intempestiva, de fondos esenciales para la provisión de educación, salud y seguridad a sus habitantes.

La República Argentina es una unión indestructible de Estados. No hay posibilidad alguna de llevar bienestar a los argentinos destruyendo a las provincias mediante medidas extremas.

Precisamente, el sistema federal es –junto con el régimen republicano de gobierno- el mecanismo que nuestros padres fundadores concibieron para evitar la concentración del poder y garantizar, con ello, las libertades de quienes habitan estas tierras.

El 100% de los ingresos del Estado Federal es generado en las provincias y la CABA. El 100% de los argentinos vive en las provincias y la CABA. El 100% de las autoridades locales fueron elegidos por esos mismos argentinos. Abandonemos las dicotomías ficticias.

Nuestra Nación posee canales institucionales para zanjar las diferencias por medios pacíficos.

Exhortamos al Presidente de la Nación a que utilice esos canales y abandone la pretensión de reemplazarlos por las redes sociales. La magnitud de la crisis requiere más diálogo y una mirada federal.

LA ASOCIACIÓN DE DEFENSORES DEL PUEBLO DEL PAÍS FIJA POSICIÓN ANTE LAS MODIFICACIONES QUE EL EJECUTIVO PROMUEVE A LEY NACIONAL DE SALUD MENTAL

De aprobarse las modificaciones que el Ejecutivo promueve a Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, incluidas en el proyecto de ley “ómnibus” enviado por la Casa Rosada y que actualmente se debate en la Cámara de Diputados del Congreso, los Defensores del Pueblo -provinciales y municipales- nucleados en ADPRA, consideramos que configurarían un retroceso en materia de Derechos Humanos; toda vez que vulnerarían de modo flagrante al artículo 1°de dicha norma que define su objeto y el anclaje legal que la sustenta a la par de resultar contradictorias al paradigma vigente.

La ley de Salud Mental actual fue aprobada con amplio consenso y sustituyó la perspectiva “manicomial y tutelar” por un modelo de atención en salud mental basado en la inclusión social y la intervención comunitaria; con eje en la integración en la atención primaria y hospitales generales, el desarrollo de la red de servicios comunitarios, la participación social, la coordinación intersectorial. Este enfoque se integra de manera efectiva en el sistema de atención pública de la salud, adoptando un abordaje integral desde la perspectiva de los derechos humanos que está en consonancia con los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino.

ADPRA entiende que resulta sustancial atender como sociedad, la importancia de la plena implementación de ley 26.657, para lo cual se requiere: un aumento de la asignación presupuestaria al sistema integral de salud, apostar a la creación de dispositivos para tratamiento ambulatorios, optimizar la atención en hospitales y clínica generales, fortalecer las capacitaciones; en definitiva, mejorar las condiciones de tratamientos y abordajes en el marco de los estándares internacionales, tanto en el sector público como en el privado.

Es fundamental, considerar que la ley nacional de Salud Mental vigente, prevé en un capítulo entero la posibilidad de realizar las internaciones involuntarias o forzadas. Ello, cuando en virtud del criterio de un equipo interdisciplinario, la persona se encuentra clínicamente en situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros y con la necesidad de un tratamiento institucionalizado. Importaría una falacia la creencia de que tales supuestos (las internaciones involuntarias o forzadas) hoy están vedadas en los casos en que son indispensables.

ADPRA, considera oportuno subrayar que la propuesta planteada por el Poder Ejecutivo Nacional contraría los estándares y paradigmas convencionales y nacionales que significaron un avance en la protección de los derechos de las personas con padecimientos subjetivos. Puntualmente los retrocesos se ven reflejados en los siguientes puntos:

-Habilita a los jueces a decidir las internaciones sin el requisito de la evaluación de un equipo interdisciplinario, ampliando los mecanismos, más allá de la existencia de riesgo cierto e inminente, transformando la internación en un mero acto jurídico y no clínicosanitario.

-Faculta al abogado/a del Art. 22 de la ley de Salud Mental vigente a oponerse a la externación de su patrocinado/a y a proponer la medida terapéutica que considere más adecuada lo cual desnaturaliza el derecho a una defensa técnica permitiendo la subrogación de la voluntad de su representado/a; -Autoriza la apertura de establecimientos monovalentes, neuropsiquiátricos, clínicas y comunidades terapéuticas;

-Modifica la composición del Órgano de Revisión prescindiendo de los organismos representativos del Estado, de los organismos de DDHH y de las asociaciones de usuarios/as y familiares, reemplazándolos por un equipo multidisciplinario integrado por distintos especialistas y técnicos. Por todo lo expuesto, la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) considera que la Ley de Salud Mental Nº 26657, debe ser implementada.

COMUNICADO DE LA ASOCIACIÓN DE DEFENSORES DEL PUEBLO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA FRENTE AL DNU DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL

Los Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina expresan su preocupación frente al Decreto de Necesidad y Urgencia por el cual el Poder Ejecutivo Nacional pretende derogar y/o modificar una cantidad inédita de leyes.

El carácter republicano de nuestro país exige que la legislación sobre esta multiplicidad de aspectos, atinentes al funcionamiento del Estado y a la vida en comunidad, sea dada en el Congreso Nacional, donde el pueblo tiene su representación.

Cabe recordar que los Decretos de Necesidad y Urgencia no deben versar sobre: derecho penal, derecho tributario, derecho electoral y derecho de los partidos políticos. A su vez, plantean a los diputados y senadores la disyuntiva de aprobar o rechazar el conjunto de la norma, sin la posibilidad de debatir u opinar en relación a los artículos que lo componen.

Al mismo tiempo, la utilización de esta herramienta agrega incertidumbre e inestabilidad, ya que inaugura y legitima un sistema que supondría la concesión de facultades extraordinarias y la suma del poder público, prohibidas por la Constitución Nacional en su artículo 29.

En ese sentido, resulta cuestionable que el cambio normativo impulsado cumpla las condiciones de necesidad y urgencia exigidas para el dictado de este tipo de decretos; constitucionalmente previstos como una excepción. La vertiginosidad y la ausencia de debate democrático no pueden ser la regla para aprobar regulaciones que afectan de modo sustantivo las relaciones socioeconómicas en nuestro país.

En consecuencia, las Defensorías del Pueblo de todo el país, en tanto instituciones que tienen la misión de promover y proteger las libertades y garantías consagradas por la Constitución Nacional y los tratados internacionales, exhortan a que la propuesta del Poder Ejecutivo se someta al trámite legislativo correspondiente, se respete la separación de Poderes y no se avance en medidas que conlleven la vulneración de derechos.

Ley ómnibus: ADPRA se pronuncia en defensa de las Bibliotecas Populares

01.12.24 La Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) se pronunció enérgicamente “en defensa de las bibliotecas populares en el marco de las discusiones sobre las modificaciones propuestas a la ley que regula estas instituciones a nivel nacional”.

En un documento, al que suscribe el Defensor del Pueblo de Santiago del Estero, Dr. Lionel Enrique Suárez, indica que “las bibliotecas populares son pilares fundamentales en nuestras comunidades, desempeñando un papel esencial en la promoción del acceso a la información, la cultura y la educación. Estos espacios no solo son depósitos de libros, sino también centros de encuentro comunitario y catalizadores de participación activa en la vida social y cultural de nuestras localidades”.

ADPRA reconoce “la importancia crítica de las bibliotecas populares, especialmente para aquellas comunidades más pequeñas que dependen en gran medida de los servicios y actividades que estas instituciones ofrecen. Las propuestas de modificaciones a la ley, en su forma actual, plantean preocupaciones significativas que podrían perjudicar gravemente el funcionamiento y la sostenibilidad de estas bibliotecas, en particular, las que carecen de ingresos fijos”.

Aboga ADPRA “por la consideración de la función social y cultural de las bibliotecas populares al evaluar cualquier cambio en la legislación. Es crucial preservar y fortalecer estas instituciones, que no solo fomentan la lectura, sino que también actúan como lugares de encuentro comunitario, apoyo escolar, desarrollo cultural y participación ciudadana.

Por ello, resulta indispensable la preservación del Fondo Especial para Bibliotecas Populares con asignación específica del que goza desde 1986 con el dictado de la Ley 23.351 y que, en noviembre de 2022, fue prorrogado por 50 años habida cuenta de que proviene de impuestos a los premios otorgados en los juegos de azar. La distribución federal y transparente de ese Fondo que realiza la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares -CONABIP- aporta previsibilidad a la labor cotidiana, ayuda en las contingencias especiales y dota de capital tecnológico y capacitación a las más de 1.500 bibliotecas adheridas a la Red”.

Por todo sostenido “instamos a las autoridades a mantener un diálogo abierto con las bibliotecas populares y sus comunidades para garantizar que cualquier modificación a la ley refleje adecuadamente las necesidades y desafíos que enfrentan estas instituciones. Además, hacemos un llamado a la sociedad en su conjunto a reconocer el valor de las bibliotecas populares y a participar activamente en la preservación de estos espacios como activos fundamentales para el desarrollo integral de nuestras comunidades”.

Por último, ADPRA “reafirma su compromiso con la defensa de los derechos culturales, el acceso a la educación y la participación ciudadana, y continuará trabajando en colaboración con las bibliotecas populares y otras instituciones para garantizar un acceso equitativo a la información y la cultura en todo el territorio argentino. En muchas localidades, son los únicos espacios donde realmente se rompe la brecha digital, siendo las bibliotecas las únicas en contar con internet de calidad para uso de la comunidad”.

1 2 3 33