Categoría: ADPRA

14.07.20 “Silenciar a los defensores del Pueblo es una solución que deteriora a la democracia misma y ello sólo traerá más pesar y dolor a los pueblos” afirma el foro. En un comunicado de prensa, “la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) rechaza las sucesivas acciones obstruccionistas e intimidatorias a instituciones de derechos humanos de parte de distintos gobiernos o parlamentos de América Latina”. Se verifican casos de persecución en Guatemala, Bolivia, Costa Rica y Perú. (Foto Archivo)

Indica que “la reciente pretensión de sectores del parlamento de Guatemala, de destituir al Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade – quien además es el actual presidente de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO)-, por haber izado una bandera multicolor en conmemoración del mes del orgullo LGBTIQ+, como hicieran innumerables oficinas de defensa de derechos en muchos países, no sólo es inadmisible por desproporcionada sino por anacrónica y discriminatoria, y harto demostrativo de lo hoy ADPRA denuncia”.

Suscriben el documento, Alejandro Amor, Presidente de ADPRA; Rocío Fernández, secretaria de ADPRA y Raúl Lamberto, representante argentino ante la FIO.

Agrega el comunicado que “los 21 países que conforman la FIO se convocaron en asamblea extraordinaria este lunes, por la situación en Guatemala y también por similares acciones en Bolivia contra la Defensora del  Pueblo, Nadia Cruz Tarifa; en Costa Rica hacia la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo Sancho; y en Perú a Walter Gutiérrez Camacho, a cargo de la Defensoría del Pueblo de ese país”.

Afirma que “en todos los casos las razones carecen de densidad argumental, peso jurídico y causa política legítima”.

Subrayan que “ADPRA, que reúne a los 60 Defensores del Pueblo argentinos (nacional, provinciales y municipales), se solidariza con todos ellos e insta a los organismos multilaterales, supranacionales y nacionales a pronunciarse en idéntico sentido, como así también a las organizaciones de la sociedad civil”.

Asimismo, requiere que “cesen de inmediato las persecuciones que parecen configurar un intento regional para acallar a los funcionarios cuya misión es defender los derechos humanos, siendo que, el incumplimiento de estos, afectan centralmente a los sectores más desprotegidos y discriminados”.

Advierte que “las previsiones oficiales aseveran que el deterioro socio económico mundial que sobrevendrá a esta tragedia universal producto de la pandemia de COVID 19 será más profunda en los países de América Latina y serán las oficinas Ombudsman las encargadas de velar por derechos humanos de los más perjudicados. Silenciar a los defensores del Pueblo es una solución que deteriora a la democracia misma y ello sólo traerá más pesar y dolor a los pueblos”.

05.07.20 Se trató el régimen tarifario específico para entidades de bien público (Ley 27218) y de clubes de barrios (Ley 27098) y la reformulación del registro de beneficiarios de la tarifa social bajo la órbita de la ANSES. El Defensor del Pueblo de la provincia, Dr. Lionel Enrique Suárez, informó que, recientemente, los Defensores del Pueblo, nucleados en la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), se reunieron virtualmente autoridades del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) y planteó como nueva demanda de ADPRA la necesidad de considerar la distribución y provisión de gas en garrafas, con tarifa social, como “servicio público esencial.

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Por ENARGAS estuvo el Interventor, Federico Bernal; Gerente de Protección al Usuario, Héctor Maya; Coordinación de Atención al Usuario, Mauro Stefanezzi, Andrea Manzi y Mauricio Bianchi.

En la oportunidad, desde ADPRA se plantearon las siguientes temáticas;

El primero, tiene que ver con la reglamentación de la Ley que beneficia a clubes y/o instituciones deportivas de barrio, que sería una tarifa específica procurando la inserción social de los clubes, en el marco de los protocolos que se establezcan para el sector.

Asimismo, se aludió a la reglamentación de la Ley de Entidades de Bien Público, con facturación diferenciada, habilitando este beneficio a bibliotecas, comedores, Cruz Roja, etc, lo que tendría alto impacto en esta provincia, porque se está vedando su acceso.

Por último, se aludió a la tarifa social cuyo objetivo se ha desnaturalizado al ser transferido, por el gobierno nacional anterior, su aplicación del ENARGAS a la ANSES, ámbito donde se deben presentar innúmeros requisitos, causales de exclusión liminar, no contemplando situaciones subjetivas.

Asimismo, se planteó como nueva demanda de ADPRA, para trabajar conjuntamente con el ente regulador, la necesidad de considerar la distribución y provisión de gas en garrafas, con tarifa social, como “servicio público esencial”. De esta manera, dejaría el carácter que hoy tiene, que desnaturaliza su objeto social, de provisión a sectores vulnerables, con valores que se manejan en el mercado, donde prima la especulación.

Por último, se acordó con ENARGAS que ADPRA, integrará las mesas de negociación que se han creado para analizar la reglamentación de las leyes de los clubes de barrio, con una serie de requisitos duros que, con un marco regulatorio accesible y posible, permita el acceso al beneficio a clubes de barrios con una tarifa diferenciada.     

Sin perjuicio de ello, los Defensores del Pueblo reiteraron y ratificaron, tal como lo vienen haciendo en todas las audiencias públicas, que:

-El acceso a servicios públicos esenciales de energía son un derecho básico para la efectiva realización de los derechos humanos.

-Conforme los principios de proporcionalidad, progresividad, razonabilidad y no confiscatoriedad, sentados por la CSJN, las tarifas deben ser justas, adecuadas y razonables. Por ende, los incrementos en las tarifas no pueden estar sujetos a la libertad de mercado sino que deben tener en cuenta las incrementos salariales y posibilidades reales de los ciudadanos.

-Insistieron en que debe ampliarse la tarifa social del servicio de gas para que puedan acceder todos los que se encuentren en una situación de vulnerabilidad.

-Deben atenderse la especial y crítica situación que atraviesan las pequeñas y medianas empresas (MiPyME) y en particular las entidades de bien público y los clubes de barrio que atraviesan extremas dificultades para afrontar el pago de tarifas exorbitantes.

Los Defensores y Defensoras del Pueblo de todo el país, mantuvieron recientemente una conferencia on líne, con el Dr. Claudio Espósito, Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad.

La misma, tuvo por objeto el entablar un enlace de trabajo recíproco entre los organismos y poder colaborar y dar respuesta a los vecinos y vecinas en cuanto a las diferentes temáticas y tramitaciones, inherentes a su área.

En la oportunidad, participó el Defensor del Pueblo de la Provincia, Dr. Lionel Enrique Suárez.

En la conferencia, se abordaron temáticas comunes de las Defensorías del Pueblo, que se plantearon ante el titular de la ANDis, y los nuevos paradigmas que formuló el organismo.

El 14 de abril pasado, se realizó la II REUNIÓN DEFENSORES DEL PEBLO DEL NORTE GRANDE por vía de teleconferencia, de la misma participaron los Defensores del Pueblo de Misiones, Alberto Penayo; CABA, Alejandro Amor; Tucumán, Fernando Juri; Córdoba Hugo Pozzi, Rio Cuarto; Ismael Rins; Santiago del Estero, Lionel Suarez; San Vicente (Misiones, Carlos de Lima; Ciudad de Salta, Federico Núñez Burgos; Y ciudad de Corrientes, Agustín Payes.

Los Defensores trabajaron en el intercambio de propuestas y acciones orientadas a la consulta y propuesta de protocolos conjuntos, destinados a la movilidad interprovincial, teniendo en cuenta la gran cantidad de personas que están cumpliendo con la cuarentena fuera de sus provincias con las dificultades emocionales y patrimoniales que les significa.

Además, abordaron cuestiones vinculadas al control de Precios Máximos en las diferentes provincias y acordaron la disposición de las Defensorías para colaborar con la Secretaria de Comercio Interior y los organismos competentes provinciales y municipales con competencia específica.

Los Defensores analizaron la resolución del BCRA sobre la refinanciación de tarjetas de crédito, entendiendo que la misma debiera realizarse a tasa cero, representando de este modo el esfuerzo conjunto de toda la sociedad en este momento tan complejo

El temario incluyó un análisis sobre las actuales prestaciones de ANSES, concluyendo en la necesidad de contactarse con las autoridades nacionales del organismo a fin de interiorizarse en el plan de contingencia y acercar propuestas para mejora de la atención por canales alternativos (línea 130 y Pagina WEB)

Finalmente, acordaron la necesidad que, especialmente en algunas provincias, se refuerce la atención bancaria a los fines que se pueda cumplir con las previsiones de la emergencia sanitaria prevista por el PEN.

Antes de finalizar la reunión, los presentes acordaron realizar este tipo de encuentros virtuales semanalmente a los fines de plantar problemas y soluciones conjuntas

19.03.20 Acudirán al titular del BCRA por la situación de titulares de los planes de ahorro y créditos UVA. El 6 de marzo último, se concretó en San Salvador de Jujuy, una reunión del Capítulo Norte Grande de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, aprobando a su cierre un documento de temas que estarán en agenda del foro. En la oportunidad, participó el Defensor del Pueblo de la provincia, Dr. Lionel Enrique Suárez.

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En la oportunidad, se rubricó un documento en el cual señalan “trabajar en un documento sobre a aplicación del Art. 6 de la Ley de Emergencia a ser presentado ante el titular del BCRA, con el objeto de abrir un expediente”.

Asimismo, “solicitar una reunión con la Ministra de Justicia y a la titular del Registro Automotor, a los fines de tratar el cobro de las multas por los registros automotores, y la prórroga de la jurisdicción a los fines de garantizar el derecho a la defensa”.

También acordaron “acudir al titular del BCRA por la situación de las y los titulares de los planes de ahorro y créditos UVA”.

Por otra parte, se comprometieron “gestionar una reunión con la autoridad de Vialidad Nacional a los fines de tratar la temática vinculada al flete de granos y la problemática del pesaje por eje”.

Asimismo, a los efectos de profundizar el abordaje que “las Defensorías realizan al Derecho del Agua, se plantearon propuestas de concientización y capacitación,  y se vio la necesidad de interesar a la Ministra de Territorio y Hábitat y a la titular del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales en esta agenda de reunión”.-

Por último, “peticionar ante el ministerio de Energía el estudio de costo de la energía eléctrica y del gas de red”.-

05.01.2020 Recientemente se concretó, en la ciudad de Posadas, el Primer Plenario Regional NEA de ADPRA, la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, en el nuevo espacio de la Defensoría del Pueblo de la ciudad homónima. Luego de la puesta en común de las distintas problemáticas de cada localidad / provincia, y de un intenso debate; se elaboró una declaración que acuerda entre todos darle prioridad en el 2020 “al trabajo en conjunto con organismos públicos y empresas concesionarias para que se garantice el acceso al agua potable y el saneamiento a todos los sectores sociales, en especial los más vulnerables”. Por Santiago del Estero, concurrió el Dr. Lionel Enrique Suárez.

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El encuentro reunió alrededor de 14 defensores provenientes de Santiago del Estero, Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones con la finalidad de planificar una agenda común que contemplaron las necesidades de las zonas NEA y NOA. El acceso al agua potable, la conexión a redes cloacales y los problemas energéticos, son algunos de los temas que aquejan a las ciudades cuyos defensores del pueblo, representantes de provincias y ciudades, se reunieron para debatir.

El objetivo del encuentro fue comprender y evaluar las problemáticas del Norte grande, del NEA y NOA, que requieren una mayor atención porque la pobreza en la región es superior a la de otras regiones. Se valoró la nueva política nacional de inclusión y de federalismo.

Se destacó el tratamiento de las problemáticas comunes a toda la zona Norte de nuestro país que, si bien tienen climas diferentes, la situación es muy parecida en todos los lugares, sobre todo los problemas que tienen que ver con el suministro de agua y a la situación energética que preocupa mucho tratándose de provincias electrodependientes.

También consideró necesario e importante realizar nuevos encuentros de cara a la reflexión y el planteo de alternativas a diferentes problemáticas comunes a las regiones del Norte, como la pobreza, el abandono de niños, niñas y adolescentes, violencia de género, entre otras.

En este marco, se elaboró un documento que será elevado a las autoridades nacionales para que desde ADPRA, se articulen y gestionen acciones con los organismos responsables llevando soluciones a la comunidad.

Asimismo, se creó mediante Acta el denominado “Capítulo Regional: Norte Grande Argentino” de ADPRA, constituido “por hombres y mujeres comprometidos con la promoción y defensa de los Derechos Humanos, la Constitución Nacional y el respeto por las Instituciones”; que tienen como objetivo la asistencia y cooperación mutua, para el cumplimiento de sus funciones. En la oportunidad se designó como Coordinador General Pro Tempore al Sr. Defensor del Pueblo de Jujuy , Dr. Javier de Bedia (actual miembro de la comisión directiva de ADPRA).

Asimismo, se estableció la fecha y el lugar del siguiente encuentro: el próximo 28 de febrero en la ciudad de San Salvador de Jujuy; para trabajar sobre los aspectos institucionales del Capítulo Regional.

Objetivo prioritario del Norte Grande Argentino: el Agua

Los defensores asistentes, encabezados por el local Alberto Penayo, fueron: Defensora de Oberá: CPN. Patricia Nitmann (Misiones); Defensor de San Vicente: Carlos Hector Caramba de Lima (Misiones); Defensor Provincial de Chaco: Dr. Gustavo Corregido y Def. Adjunto: Dr. Hugo Maldonado; Defensor Adjunto de Resistencia: Dr. González Rodriguez; Defensor de Corrientes: Agustín Payes; Defensora de Virasoro: Yrma Escalante (Corrientes); Defensor Provincial de Jujuy: Dr. Jorge de Bedia; Defensor de Formosa: Dr. José Gialluca y Defensor Provincial de Santiago del Estero: Lionel Enrique Suárez.

Luego de la puesta en común de las distintas problemáticas de cada localidad / provincia, y de un intenso debate; se elaboró una declaración que acuerda entre todos darle prioridad en el 2020 “al trabajo en conjunto con organismos públicos y empresas concesionarias para que se garantice el acceso al agua potable y el saneamiento a todos los sectores sociales, en especial los más vulnerables”.

En este sentido además, se le solicitará a la Defensoría del pueblo de la Nación, que informe sobre los avances “respecto del cumplimiento en las Provincias del Norte Grande Argentino, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de la ONU, en especial al referente al Objetivo 6: Agua limpia y saneamiento”.

“Cuando hablamos del agua hablamos de un derecho inalienable. El acceso es vital… por eso creemos que es algo urgente y que no se debe postergar más. Es necesario que todas las partes (municipales, provinciales y nacionales) se comprometan para trabajar hacia ese objetivo: el acceso y el saneamiento”, indicaron los defensores.

29.10.19 El equipo de la Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero, llevó a cabo este domingo el monitoreo de los comicios generales en más de 40 establecimientos escolares de la provincia. Dicha acción se realizó en el marco del Observatorio Electoral impulsado desde la Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), con acuerdo de la Cámara Nacional Electoral, replicándose así el proceso de observación en todo el país.

El Defensor del Pueblo, Dr. Lionel Enrique Suárez, consideró que “se trató de una jornada muy enriquecedora de participación ciudadana, que consolida el sistema democrático. En este sentido, felicitamos a toda la comunidad de Santiago del Estero porque fue un proceso completamente participativo y tranquilo”. En esa misma línea, resaltó “la conducta de los  fiscales, y las autoridades de mesa –con notable baja del índice de ausencias, del 15%-. Se concretaron estas acciones de monitoreo en más de 40 establecimientos escolares de la provincia donde se realizaron los comicios de; Capital, Termas de Río Hondo, La Banda y Sumampa.

Solo en 4 casos, se detectó que se instalaron cuartos oscuros accesibles independientes de las mesas habilitadas. Así también se observaron problemas de acceso a los establecimientos escolares de personas con discapacidad o con problemas de movilidad o mayores acompañados por hijos o menores.

Subrayó que “Observatorio Electoral apunta a garantizar la transparencia y el normal desarrollo de los comicios. A través de este mecanismo, llevamos a cabo un monitoreo de la veracidad de la información de datos provisorios en un tiempo oportuno con el fin de generar tranquilidad en la ciudadanía que deposita sus expectativas en los resultados de una elección tan importante como es la del Presidente de la Nación”. Respecto a lo observado, explicó que, en general, los comicios “se desarrollaron en las condiciones más óptimas, a pesar que en algunas mesas se dieron denuncias menores, las cuales fueron tratadas y resueltas o encausadas”.

El equipo de la Defensoría del Pueblo de la provincia monitoreó la accesibilidad a los establecimientos y el desarrollo electoral, procurando que los adultos mayores, las personas con discapacidad o con movilidad reducida pudieran concretar su voto. “Debemos tener en cuenta que el sistema democrático también se consolida al escuchar todas las voces y las minorías son las que deben ser más escuchadas, porque eso también aporta a la inclusión”.

Para concluir, Suárez señaló que los comicios son una importante instancia de participación e invitó a la ciudadanía a seguir fortaleciendo otros mecanismos democráticos: “Cuando votamos, emitimos una voluntad y es un voto de confianza, pero el Gobernante de turno debe entender que no se le da un cheque en blanco y que la ciudadanía cuenta con otras herramientas para fortalecer el sistema democrático”.

LA MISIÓN DE OBSERVACIÓN ELECTORAL COMPRENDIÓ EL SIGUIENTE RELEVAMIENTO DE DATOS:

Aspectos generales respecto a la accesibilidad del establecimiento donde se realizaba la observación (acceso para ingresar, rampa fija o móvil, escalones, ascensor, etcétera)

Si se encontraba presente el delegado o persona que asistiera, orientara o informe al elector y/o electora

Quién cumplía con el rol de asistir, orientar, e informar (policía, Gendarmería, Ejército, Fiscales partidarios, delegado electoral)

Si había personal de seguridad en el establecimiento y quién cumplía con ese rol

Si se encontraba el delegado o la delegada electoral y si tenía chaleco y/o credencial identificatorios, y si se ubicaba en un lugar visible

Si había padrones exhibidos en el ingreso del establecimiento

Si se habían fijado carteles informativos sobre delitos electorales y si se encontraban en lugares visibles

Si se habían fijado carteles con información general sobre el acto electoral y si se encontraban ubicados en lugares visibles

Si se observó en el establecimiento la existencia del cuarto oscuro accesible (COA). Si éste estaba habilitado en un espacio cercano al ingreso del establecimiento, si se encontraba adecuadamente identificado.

Cuánto baños había en el establecimiento, Cuántos estaban habilitados para los electores. Si existía un baño accesible para personas no videntes, con movilidad reducida y/o adultos mayores

Las personas con movilidad reducida y/o discapacidad motora dentro del establecimiento podían manejarse de manera autónoma e independiente; requerían necesariamente de un acompañante para brindar asistencia debido a las barreras arquitectónicas; o no podían circular en la institución debido a las barreras arquitectónicas.

Con motivo de celebrarse la Asamblea Anual de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), participaron los Defensores del pueblo de todo el país.
Durante la reunión se destacó la importancia del trabajo conjunto para el desarrollo de políticas tendientes a proteger el medioambiente y se planificó el trabajo de observación electoral que se realizará durante los próximos comicios de octubre. Además se eligieron las nuevas autoridades de dicha asociación para el período 2019-2021, conformándose la Comisión Directiva, de la siguiente manera:
Presidente: Ángel Armando Alejandro Amor (CABA)
Vicepresidente 1º: Fernando Said Juri (Tucumán)
Vicepresidente 2º: Hugo Pozzi (Córdoba)
Vicepresidente 3º: Adriana Santagati (Río Negro)
Secretaria General : Rocío Fernández (Escobar)
Tesorero: Lionel Suárez (Santiago del Estero)
Protesorero: Alberto Penayo (Posadas)
Revisor de Cuentas Titular: Beatriz Oñate (Bariloche)
Revisor de Cuentas Suplente: Romina Caparrotta (Tres de Febrero).
Consejeros:
1) Ismael Rins (Río Cuarto)
2) Agustín Payes (Corrientes)
3)Alejandro Jorge Gorrini (Lanús)
4) Rodolfo Clavel (San Juan)
5) José Leonardo Gialluca (Formosa)
6) Gustavo Corregido (Chaco)
7) Amanda María Frida Fonseca Lardies ( Salta )
8) Marcela Viviana Vázquez (Virasoro – Corrientes)
9) María Celeste Vouilloud (Vicente López)
10) Pablo Donadío (Paraná)
11) Analía Isabel Colombo (Santa Fe)
12) Luis Alberto Salomón (Gral. Pueyrredón)
Directora del Instituto de Formación: Silvia Graciela Caprino
Representante de ADPRA ante la FIO: Raúl Lamberto (Santa Fe).
De esta manera, ADPRA seguirá trabajando en el fortalecimiento institucional de las Defensorías del Pueblo y afrontando las distintas problemáticas que afectan a los ciudadanos de todos los rincones del país, tomando en cuenta como siempre la situación de los sectores más vulnerables.

04.05.19   La iniciativa cuenta con el acompañamiento pleno de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina y fue elaborada por la Defensoría del Pueblo de Santa Fe. Luego de mantener reuniones con autoridades de la Secretaría de Vivienda de la Nación y con tenedores de créditos UVA autoconvocados, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe, en el marco de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra), realizó una propuesta al gobierno nacional y a los bancos con el objetivo de atenuar el incremento de las cuotas de los préstamos provocado por el aumento de la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA).

La propuesta, consensuada por los Defensores del Pueblo – a la que adscribe la Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero, a cargo del Dr. Lionel Enrique Suárez-, establece en un primer lugar la “morigeración al máximo posible de la tasa de interés que percibe entidad financiera otorgante del crédito por sobre el incremento que tiene el UVA por inflación”. También exhorta a “permitir reducciones de accesorios a cuotas, tales como no obstaculizar el contratar seguros a menor valor en caso de los obligatorios o la eliminación de otros productos bancarios no necesarios y que fueran originariamente contratados”.

Asimismo, insta a las autoridades nacionales y a las entidades bancarias a “evitar intimaciones a los deudores conminando a prorrogar plazos o renunciar a esa posibilidad establecida legalmente”. Y, por último, propone “permitir a cada tomador de crédito en forma voluntaria e individual que reduzca la cantidad de UVA que abona mensualmente, producto de comparar la relación de ingresos actuales con la históricamente vigente al momento del tomar el crédito, hasta encontrar el equilibrio inicial”.

El documento remarca que estas propuestas “resultan para la coyuntura de emergencia y sin perjuicio de cambios en el coeficiente que surjan de la autoridad administrativa y/o de sanciones legislativas o por aportes públicos o privados que tiendan a disminuir el impacto actual de las cuotas”.

La iniciativa, que está siendo remitida a las autoridades nacionales y a los bancos, fue formulada luego de que el presidente de Adpra y defensor del Pueblo porteño, Alejandro Amor; el defensor del Pueblo santafesino, Raúl Lamberto; su par de Escobar, Rocío Fernández, y el Adjunto de la provincia de Córdoba, Hugo Pozzi, se reunieran en Capital Federal con autoridades de la Secretaría de Vivienda. En esa oportunidad, se acordó formar una mesa de trabajo para evaluar las medidas que se pueden ofrecer como propuesta y se comprometieron a agotar las instancias de negociación posibles para que se tomen resoluciones necesarias en pos de mejorar una situación que afecta a miles de beneficiarios.