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15.10.21 Este viernes, en el salón de usos múltiples, de la Secretaría de Deportes, se firmaron actas compromiso entre la Defensoría del Pueblo de la provincia, la Secretaría de Deportes de la provincia, la Federación Provincial de Fútbol, y entidades deportivas federadas, por las que se realizarán capacitaciones sobre la Ley Micaela.

En efecto, firmaron el acta acuerdo marco principal, el Defensor de la Provincia, Dr. Lionel Enrique Suárez, el Secretario de Deportes de la provincia, profesor Carlos Dapello y la Federación Provincial de Fútbol, representada por el Vicepresidente, Francisco Pece. Luego, en particular, se firmaron actas de compromiso entre la Defensoría del Pueblo y representantes de todas las ligas de fútbol del interior. Estuvo presente, acompañando a Suárez, el Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Dr. Leandro Drube y la Coordinadora del Programa de Prevención de Adicciones y Violencia de la Defensoría del Pueblo, Gabriela Pece. También participó la Prof. Mónica Metzler, del área de Genero y Deportes de la Secretaría de Deportes.

Estuvieron, como invitadas, la diputada provincial, Georgina Sosa, la Subsecretaría de Políticas Públicas de Mujeres, Género y Diversidad de la Secretaría de Derechos Humanos, Dra. Natalia Carreras y la Directora de Género de la Secretaría de Derechos Humanos, Dra. Cecilia Sampaolesi.

Firmaron las respectivas actas: Liga Santiagueña de Fútbol, Liga Añatuyense de Fútbol, Liga Cultural Frías de Fútbol, Liga Noroeste Santiagueña de Fútbol, Liga Quimilense de Fútbol, Liga Loretana de Fútbol y la Liga Termense de Fútbol.

En las actas, se indica que “las partes coinciden en que con la implementación de esta normativa se busca, por un lado, prevenir y promover la adecuada intervención frente a situaciones de violencias por razones de género en el ámbito de la práctica deportiva, iniciando procesos de capacitación en la temática, para transversalizar la perspectiva de género, contribuyendo en el diseño e implementación de políticas públicas”.

Agrega que “la presente, retoma experiencias anteriores de capacitación y sensibilización que han sido primordiales en el camino de avanzar para dar respuesta a demandas de formación en la temática, que integra un marco mayor de políticas públicas que priorizan, en su agenda, transversalizar la perspectiva de género en el sector público, en tanto obligación asumida por el Estado. Es decir, visibilizar y analizar las desigualdades entre los géneros y las relaciones de poder existentes entre ellos, para que desde las propias políticas se intervenga y modifique”.

En procura de dar respuesta a la sociedad en función de los principios y conceptos antes enunciados las partes firmantes acuerdan que “signatarias acuerdan: Condenar toda forma de desigualdad, violencia y discriminación por razones de género, comprometiéndose a realizar las acciones de prevención a través de la difusión de información, capacitación”. Asimismo, “reconocer este enfoque como central para la prevención de la violencia de género, y para la definición de toda política pública y su aplicación”. 

Coinciden en “asistir y acompañar a quiénes estén atravesando actos u omisiones lesivas del pleno goce de sus derechos”. Acordaron que “a los fines de tornar operativo la presente acta compromiso las partes convienen en realizar encuentros mediante implementación de jornadas de capacitación y sensibilización, con los siguientes objetivos: adoptar las medidas de prevención, promoviendo la toma de conciencia; incorporar el enfoque de género en el análisis de la violencia contra las mujeres y disidencias, a fin de ampliar la visión de la problemática, teniendo en cuenta que es un problema social, una cuestión de salud pública, de justicia social y de derechos humanos. Identificar los estereotipos de género y las relaciones de desigualdad entre las feminidades y masculinidades, su incidencia en las prácticas profesionales e institucionales, e interpelar las prácticas personales que reproducen. 

Contribución esperada

Capacitar para la igualdad de género: “un proceso de transformación que tiene como objetivo proporcionar conocimientos, técnicas y herramientas para desarrollar habilidades, cambios de actitudes y comportamientos, siendo un proceso continuo y de largo plazo que requiere la voluntad y el compromiso de todas las partes con el fin de crear sociedades inclusivas que promuevan la igualdad de género, en procura de: • Construir dispositivos político-pedagógicos que le den un lugar central a la reflexión crítica en torno a prejuicios, afectos y estereotipos vinculados a modelos culturales binarios y androcéntricos incorporados a lo largo de nuestra historia personal y social. • Establecer un encuadre facilitador: Promover climas de trabajo cooperativo, respetuosos y de confianza para la participación y el intercambio colectivo. Puesta en valor de la diversidad de saberes y trayectorias que las personas participantes traen. • Abordar contenidos desde una perspectiva situada en el sector, contemplando la diversidad de tareas y funciones de las personas participantes. • Construcción colectiva de los saberes, apoyadas en diversos recursos (texto, videos, cuadros, imágenes, líneas de tiempo) y la utilización del foro de intercambio como herramienta central, bajo la concepción constructivista de aprendizaje, con fuerte apoyatura en el intercambio grupal; La aplicación de este acuerdo se llevará a cabo en el plazo de 2 años a partir de la fecha de su firma, prorrogándose si no existiera acto de expresa renuncia de alguna de las partes. 

Ley Micaela

La Ley Nacional N 27499 lleva el nombre de Micaela García, víctima de femicidio en Gualeguay (provincia de Entre Ríos), a los 21 años de edad, en abril de 2017.Micaela fue militante del Movimiento Evita y del movimiento Ni Una Menos. Su violación y posterior femicidio conmovieron al país. No solo por el hecho de que su femicida, Sebastián Wagner, por decisión judicial fue dejado en libertad, contrariando opiniones de peritos intervinientes y porque no se consideró una denuncia que habría sido central para torcer el rumbo de esta historia; sino también porque la conmoción social y la violencia institucional que este femicidio develó tuvieron lugar en el marco de las movilizaciones por Ni una menos y los debates que venían emergiendo como producto de las luchas sociales, todo lo cual devino en exigencias de reconfiguraciones con fuerte dimensión institucional.-