El Defensor del Pueblo de la provincia participó de la audiencia pública 101/21 convocada en el marco del proceso de revisión tarifaria del gas

27.03.21 Reclamó al Enargas que “al tiempo de recuperar la potestad de defender a los usuarios, flexibilice los requisitos de la Tarifa Social, los cuales a partir del entrecruzamiento de datos establecidos el gobierno anterior, excluye automáticamente a muchas familias de acceder a este servicio”. El Defensor del Pueblo de la provincia, Dr. Lionel Enrique Suárez, participó de manera virtual, en la audiencia pública que promoviera el Enargas donde se analizó la adecuación transitoria de las tarifas de los servicios públicos de transporte y distribución de gas natural por redes o Régimen Tarifario de Transición por Decreto 1020, el que determinó el inicio de la renegociación de la RTI vigente.

Suárez, en la oportunidad, aludió al reclamo de las distribuidoras de gas, de un incremento de tarifas, por el desequilibrio económico que atraviesan por atraso de las mismas. “La solicitud de actualización tarifaria pretendida tiene que ser contextualizada dentro de las publicaciones del Enargas que resume que hubo un incremento de tarifas a la fecha de más del 1108 %, en todos los cuadros tarifarios. En el caso de GasNor, que presta servicios en la provincia de Santiago del Estero, desde el 2016 al 2020, y aun el contexto pandemia -donde el usuario no pudo abonar facturas por caída del poder adquisitivo con las medidas de prevención de circulación por un lado y otro tanto por cierre de oficinas de atención al público-, sin embargo a febrero de este año su margen de distribución supera con creces la inversión en toda la región, haciendo notar solo el 3% de esa inversión llegó a Santiago del Estero”.

Agregó Suárez que “a octubre del año pasado, según datos de Enargas, la empresa GasNor tenía el 84% de cobrabilidad, de lo que se desprende que el 16% de usuarios dejó de abonar el servicio, a pesar que desde marzo del año 2020 por Decreto 756/20 del PEN, se prohibió el corte de servicios por falta de pago y aun durante 7 meses por facturas vencidas, consecutivas o alternas, entendiendo que la situación económica subyacente, en la Argentina y en Santiago del Estero en particular, sigue en recuperación, y no puede hacer recaer en el el usuario una mayor erogación para afrontar su consumo, para mantener el margen de distribución de la empresa».

Subrayó puntualmente que “en Santiago del Estero, las categorías R1 y R2, comprende al 60% de los usuarios, unas 37 mil familias, sobre las cuales Gasnor solicita ajustar con una la tarifa transicional en un incremento superior al 25%, y para el pequeño comerciante o PyMES el aumento será de iguales características, por lo que las pautas de la Tarifa de Transición que se pretende va a tener un alto impacto negativo en nuestra sociedad. A todo se agrega que, en el marco de la Tarifa Social, desde 2017 al 2020, la restricciones que surgen de los requisitos impuestos durante la gestión anterior del Gobierno Nacional provocó la caída del mapa de más de 5300 familias santiagueñas beneficiarias. Se las ha colocado lisa y llanamente en la marginalidad sin poder acceder a este al servicio, ni a la categoría mínima de usuario. A este efecto corresponde tener presente los inconvenientes para tampoco acceder a la garrafa social, con coste diferenciado” denunció el Defensor del Pueblo.

Suárez, señaló que “es reclamo unívoco de las Defensorías del Pueblo de todo el país, que es necesario desdolarizar el concepto que es el Punto de Ingreso (TIR) al sistema que determina el 44% de la tarifa final que paga el usuario, también debe reforzarse el programa Hogar la reglamentación de la ley de clubes de barrios”. Por otra parte, consideró necesario analizar la pretensión de “la distribuidora de gas que prevé un incremento, en el Cargo Fijo de más del 65% para toros los usuarios residenciales, comerciales, incluyendo a las entidades bien público”.

Por último, el Defensor del Pueblo de Santiago del Estero, Dr. Lionel Suárez, reclamó al Energas que “recupere para sí el rol motivo de su creación, que recupere la potestad de defender a los usuarios, flexibilizando los requisitos de acceso para la Tarifa Social, a partir del entrecruzamiento de datos, porque sigue vigentes requisitos que exigía el gobierno anterior, por lo que muchas familias son excluidas de acceder a este servicio, pensemos en los docentes, en los remiseros, los taxistas, por lo que se insta a revisar esta política de exclusión”.

La convocatoria
El objetivo de la convocatoria fue considerar la adecuación transitoria de las tarifas de los servicios públicos de transporte y distribución de gas natural por redes, procurando establecer tarifas que promuevan el desarrollo social, económico y productivo del mercado interno. El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) formalizó la convocatoria a través de la Resolución 47/2021 publicada en el Boletín Oficial.

La norma tuvo por objeto poner a consideración el Régimen Tarifario de Transición por el Decreto 1020 -el que determinó el inicio de la renegociación de la RTI vigente- y llevar adelante la discusión necesaria.
En la oportunidad, las licenciatarias de los servicios públicos de transporte y distribución de gas natural presentaron al Enargas los cuadros tarifarios de transición por ellas propuestos, así como la información de sustento de los mismos.

Además, el Ente designó tres agentes del organismo que actuaron como Defensores Oficiales de los Usuarios y las Usuarias de Gas, cuya función fue la de exponer como oradores manifestando todas las observaciones desde el punto de vista de la tutela de aquellos durante la Audiencia.

El interventor del Enargas, Federico Bernal, señaló que el objeto es determinar «tarifas que promuevan el desarrollo social, económico y productivo del mercado interno, en lugar de fundirlo como sucedió con (el ex presidente Mauricio) Macri», y aseguró que la actual gestión recibió «un sistema tarifario insostenible».

Remarcó que ese cuadro tarifario cuestionado «sumió en la pobreza y en la indigencia energética a casi 3 millones de nuevos hogares, esto es, un salto del 220%», en tanto la deuda total del sector residencial (morosos) creció 1.257% entre 2015 y 2019; la de las pequeñas y medianas empresas 4.010% y la de las entidades de bien público un 6.700%.