Reunión de Defensores del Pueblo de la provincia

11.02.19 En la ocasión, se abordaron temas en común, relacionadas con las medidas que adopta el gobierno nacional, en particular la imposición de adecuaciones tarifarias en el precio de servicios públicos e insumos ajustados a valor dólar, con salarios pesificados, que impactan negativamente en la industria, el trabajo y el hogar. Con una importante agenda de trabajo, se reunieron este lunes 11 de febrero, en horas de la mañana, los Defensores del Pueblo de Santiago del Estero en las oficinas de la Defensoría de la Provincia, de Perú 546, para dialogar acerca del presente de cada institución. 

En la reunión, estuvieron presentes el Defensor del Pueblo de la Provincia de Santiago del Estero, Dr Lionel Enrique Suárez; Defensor del Pueblo de la ciudad de La Banda, Dr Diego Ramiro Jiménez; Defensor del Pueblo de la Ciudad de Santiago del Estero, Dr José Rojas Insausti y el Defensor del Pueblo de la ciudad de Frias, Sr Luis Bicecci, secundados por sus secretarios, Dr. Rubén Suárez (Capital) y Dra. Maria Alejandra  Villanueva (Frias).

En la oportunidad, el Dr. Suárez en calidad de anfitrión, dio una cálida recepción y bienvenida a los flamantes Defensores del Pueblo de la ciudad de Frías y de La Banda, respectivamente, que se incorporan a un trabajo en conjunto con sus pares de la provincia.

En la oportunidad dialogaron acerca de la necesidad de incorporar el diálogo y trabajo colaborativo, entre las defensorías, como así también se realizó un análisis socio-económico y las respectivas medidas de acción de cara al futuro.

Asimismo, se informó a los nuevos defensores sobre la dinámica de inserción y trabajo, en el foro de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), que próximamente habilitará sus espacios de debate y participación.

En ocasión, se abordaron temas en común, en el marco de las medidas que adoptó el gobierno nacional, en cuanto a la aplicación de fuertes incrementos en las tarifas de servicios e insumos – a valor dólar con salarios pesificados-, que inciden negativamente en los hogares, el trabajo e incluso poniendo en riesgo la existencia de la pequeña y mediana empresa como motor de la economía.

Sobre el particular, se resaltó que, en el caso del incremento de la tarifa del gas, la audiencia pública ha sido expuesta como una simple puesta escenografica, en contra de legitimos derechos del usuario, y en desmedro de la recomendación de la Corte Suprema de Justicia, que las tarifas sean progresivas, razonables y no confiscatorias.