VIDEO/Suárez rechazó quite de subsidios a usuarios para financiar déficits de caja de las distribuidoras
22.02.22 Audiencia pública por tarifas de electricidad 2022. “Hay un universo de argentinos que espera que el Estado Nacional siga aportando, para llegar a fin de mes, para con dignidad tener la mesa servida” sostuvo. El presidente de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), y Defensor del Pueblo de Santiago del Estero, doctor Lionel Enrique Suárez, fijó sólida oposición a subsidiar “déficits de flujo de caja” a las distribuidoras y transportadoras de energía. Participó en la primera jornada de la audiencia pública de energía eléctrica, convocada por la Secretaría de Energía de la Nación y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad para poner en conocimiento y escuchar opiniones sobre precios de referencia estacionales de energía eléctrica, servicio público de transporte eléctrico y servicio público de distribución de energía eléctrica.
En la audiencia que se desarrolló en formato virtual, Suárez reprochó la forma y oportunidad de la convocatoria – por la escasa participación, en período de receso estival y publicada únicamente por medios gráficos-. Sostuvo que “no tuvo por objeto llegar a todos los hogares que van a ser perjudicados en el caso que el Estado Nacional disponga el quite los subsidios a los precios de la energía eléctrica”.
Cuál es el precio de la energía eléctrica?
Agregó que “aquí viene el primer interrogante. ¿Cuál es el precio de la energía eléctrica? No está determinado, ni en la convocatoria ni en el informe que brinda la Secretaría de Energía de la Nación, y solo se hace referencia a un monto del que se pretende quitar del subsidio”.
Subrayó que “todos los informes de las transportadoras y distribuidoras de energía – salvo una distribuidora que solicita un incremento del 43%-, no hablan más que requieren una solución o saneamiento de sus “déficits de flujo de caja”. En definitiva, piden que sea el usuario, los argentinos, los que tengamos a tratar de soportar esa deficiencia que tienen en la administración de sus recursos”.
Sostuvo Suárez que “en definitiva requieren el saneamiento de sus déficits de fondos de caja. A todo se agrega la incertidumbre maximizada de que no hay un precio de la energía eléctrica en el mercado mayorista”.
Advirtió que “el usuario que ya tuvo un incremento en la tarifa del servicio público de distribución de gas, cuando aún no se determinó el precio en boca de pozo, que está dolarizado. El usuario de un servicio público, que el Estado declaró esencial, tiene un salario que se encuentra por debajo del índice de la inflación, citados por las administradoras en beneficio de ellas, para tratar de actualizar las tarifas”.
Aseveró que “la última actualización del salario mínimo vital y móvil se ubica en 33 mil pesos, cuando la canasta básica alimentaria supera los 75 mil pesos. Entonces, se preguntó, cómo hacen las familias para cubrir ese tamaño déficit de caja ($ 42 mil) o deben financiarse desde el propio Estado Nacional como pretenden las distribuidoras y transportadoras. ¿Cuál es el riesgo que asumen como empresas para prestar el servicio adecuadamente para lo cual se comprometieron? Tardaron 28 años, las distribuidoras y transportistas, para darse cuenta que el sistema eléctrico nacional se encuentra con “obsolescencia programada”.
Asimismo, Suárez agregó que “cómo es posible dejar al arbitrio determinaciones – subestimando a quienes participamos de este evento-, si no se sabe cómo se determinan los costos operativos, para saber si son adecuados o no los déficits de caja, que pretenden que todos los argentinos, debamos soportar a partir de una quita de subsidios del Estado Nacional a la generación”.
Puntualizó que “la mayor incógnita está en la generación, que se ingresa con uso de gas (40%), por lo que cabe contrastar con las exportaciones de gas que realiza el Estado, cuando ese excedente debe quedar en el país, para que sea redistribuido y para que las tarifas de este combustible fósil sea la adecuada”.
La Tarifa Social
Afirmó Suárez que “las Defensorías del Pueblo de todo el país, venimos insistiendo que la tarifa social debe ser única para todos los servicios públicos esenciales porque no varía el estado de situación económica de cada familia para el pago de los servicios públicos. Esa tarifa social, que debe ser plena y federal, que vapuleó el gobierno anterior (de Mauricio Macri), a la fecha no se recuperó y dejó a más de 750 mil hogares la posibilidad de gozar de este beneficio”.
Tarifa diferenciada para el NOA
Por otra parte, sostuvo que “nos hacemos eco y apoyamos como defensoría de Santiago del Estero, los reclamos de las Defensorías del Pueblo del NOA, de que a igual forma de que existe una tarifa diferenciada para la zona fría, el Norte Argentino está esperando una tarifa diferenciada para que nos dejen de aplicar los “mayores costos” cuando tenemos la necesidad de consumir electricidad para superar el duro período estival que atravesamos”.
No, a los medidores inteligentes
También, Suárez rechazó la iniciativa de subsidiar la colocación de “medidores inteligentes” para empezar de hablar del subsidio al “consumo eficiente de electricidad” para que los hogares puedan reconvertirse, porque la más de las veces, hay deficiencias en los hogares de las instalaciones y los electrodomésticos se encuentran obsoletos.
Concluyó que “es importante no solo de rediscutir la recategorización de todos los umbrales de consumo, sino que, el Estado Nacional, debe tener como política a adoptar el “subsidio al consumo eficiente” y no al subsidio a las empresas, como pretenden dibujar a partir de un “déficit de flujo de caja”, subestimando a cada uno de los que participamos de esta audiencia. Porque con alto índice de la inflación, o con salarios incrementados o un acotado salario mínimo vital y móvil, AUH, discapacitados, hay un universo de argentinos que espera que el Estado siga aportando, para llegar a fin de mes, para con dignidad tener la mesa servida”.