VIDEO/ Lizárraga: “Los muchachos son todos buenos, pero si los controlamos son mejores”

10.04.25 Valoró la tarea de contralor que ejerce el Estado en la industria: “El Estado no puede, bajo ningún punto de vista, renunciar al rol de contralor y al tutelaje de la industria sustentable”. El director de Protección Ambiental, Lic. Luis Marcelo Lizárraga, en oportunidad de participar de las tareas de inspección a la sucroalcoholera La Florida, el ingenio más grande de la provincia de Tucumán,  afirmó que “nos vamos altamente satisfechos, porque los puntos que se han observado en las inspecciones anteriores han sido tomados en cuenta y han sido modificados o en camino de modificarse”.

La Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero, la Secretaría de Ambiente de Tucumán y la Subsecretaría de Ambiente de la Nación, realizaron en esta semana, durante los días 8 y 9 del actual, la inspección a 9 industrias sucroalcoholeras.

“Son 11 industrias, de las cuales 10 industrias están demandadas, y se realiza la inspección en estas fechas a 9 porque una de ellas está cerrada, que es el Ingenio de San Juan” precisó el funcionario tucumano.

La práctica, que se realiza cada cuatro meses, se ajusta a los efectos de un amparo ambiental constitucionalizado presentado por la Defensoría del Pueblo de la provincia y Fiscalía de Estado, que culminó con la firma de un convenio interprovincial el 30 de diciembre de 2011, entre Santiago del Estero y Tucumán.

Por dicho convenio, que habilitó -en un caso sin precedentes jurídicos a nivel nacional-, la inspección a industrias y el monitoreo de la Cuenca Salí Dulce, bajo la supervisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Así la Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero, a cargo entonces del Dr. Martín Díaz Achaval, desde el mes de mayo de 2012, comenzó a inspeccionar todos los días, de lunes a lunes, en doble turno, 32 puntos de control, de efluentes industriales y afluentes al curso del Río Salí.

Ello, posibilitó evitar el vuelco de contaminantes industriales. Por ese acuerdo -que establecía vinaza cero; ceniza cero y agua de lavado de caña cero-, que suscribió el entonces gobernador y actual primer mandatario, Dr. Gerardo Zamora y el ex gobernador, José Alperovich, se logró que, con mucho trabajo y esfuerzo, con el transcurrir de los años que, las industrias sucroalcoholeras, fueran ajustando su producción marginal a una sustentable y amigable con el ambiente.  

Al reflexionar sobre lo que aconteció, Lizárraga reflexionó que “la verdad que (el convenio interprovincial) marcó un punto de inflexión en el trabajo de la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia de Tucumán, porque obtuvo la colaboración y el concurso de la provincia de Santiago del Estero, a través del equipo de la Defensoría del Pueblo, y comenzamos a hacer toda una tarea de monitoreo y control de industrias conjunto”.

Agregó que ello “derivó en una serie de mejoras sustanciales y Tucumán pudo obligar a sus ingenios a retener o a contener, en una primera etapa, los efluentes industriales que, interiormente, se volcaban a los cauces y comenzar todo un proceso de tratamiento de los mismos que vemos coronado hoy con los avances que se han logrado”.

Indicó que el convenio, que se sostiene desde hace más de 10 años, logró que “los industriales hayan cambiado un poco también el proceso de industrialización de la caña de azúcar y comenzaron lentamente a trabajar limpiamente, sosteniblemente. Yo creo que ha significado un cambio de paradigma sin ninguna duda. Y ese cambio de paradigma ha promovido la idea de que el empresario entienda que el afluente que estaba tirando en gran medida era plata, o estaba volcando azúcar o alcohol, previo a su transformación”.

Abogó para que el convenio se sostenga en el tiempo porque “realmente genera y lo otorga la sustentabilidad al trabajo industrial”.

Parafraseando al “General Juan Perón que solía decir: “Los muchachos son todos buenos, pero si los controlamos son mejores”. Entonces, valoró la tarea de contralor que ejerce el Estado en la industria: “El Estado no puede, bajo ningún punto de vista, renunciar al rol de contralor y al tutelaje de la industria sustentable”.

Sobre el trabajo realizado durante dos jornadas, sostuvo Lizárraga que “nos vamos altamente satisfechos, porque los puntos que se han observado en las inspecciones anteriores han sido tomados en cuenta y han sido modificados o en camino de modificarse. Con lo cual, entendemos que lo estamos preparando de la mejor manera posible para evitar cualquier posible impacto que pudiera ocurrir en la cuenca de Sali-Dulce durante el momento de inicio o durante el proceso de zafra. Entendemos que hemos logrado este cometido y esperamos sostenerlo así y vuelvo a insistir, siempre con la colaboración de la Defensoría del Pueblo de Santiago y de la Provincia de Santiago del Estero y de la Subsecretaria de Ambiente de Nación que viene con sus técnicos a colaborar con nosotros”.