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27.08.18 Ello impacta no solo en las 57 casas de estudio mencionadas, sino también en 190.000 docentes y en 1.600.000 estudiantes universitarios.  «Los Defensores del Pueblo, nucleados en la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), integrada por hombres y mujeres que defendemos la plena vigencia de los Derechos Humanos, la Constitución Nacional y el respeto por las Instituciones, han manifestado su solidaridad y profunda preocupación con relación a la compleja situación por la que atraviesan las Universidades Públicas y la comunidad universitaria toda» sostuvo el Defensor del Pueblo de la provincia, Dr. Lionel Enrique Suárez.

El Defensor del Pueblo de la provincia, Dr. Lionel Enrique Suárez, en contacto con la prensa, indicó que «la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, se ha pronunciado sobre la problemática que afecta hoy a la universidad pública de nuestro país, a nivel salarial y presupuestario en general, dado que ha sufrido recortes o reasignaciones, que afectan su normal funcionamiento. A nivel local, me solidarizo con la preocupación de las autoridades de la UNSE y su alumnado – el Rectorado y el Consejo Universitario-, que se han declarado en estado de alerta por la educación superior universitaria y han rechazado toda política de reducción presupuestaria, de la educación pública en general, que ha establecido el gobierno nacional».

Agregó que «la UNSE ha crecido y desarrollado con un importante esfuerzo, para ponerse a las alturas de las circunstancias históricas y políticas por la que atraviesa la provincia, de crecimiento y desarrollo, y la universidad pública contribuye en este proceso de formación de nuestros jóvenes, futuros profesionales, que hoy debemos defender».-

En tal sentido, indicó que ADPRA consideró que «el pasado 24 de agosto se cumplieron tres semanas del cese de actividades en 57 Universidades Públicas y en Colegios Preuniversitarios como medida de fuerza por el reclamo de un aumento salarial docente superior al 15 % resuelto de manera unilateral por el Ministerio de Educación de la Nación, sin cláusula gatillo, que les permita garantizar el poder adquisitivo de los salarios ante la inflación».

En lo que respecta a la inversión en la infraestructura universitaria «ADPRA considera que, si bien el presupuesto destinado al área fue mayor, en el último año, la ejecución presupuestaria se encuentra retrasada o están congeladas las obligaciones contraídas».

Asimismo, subraya que «el aumento generalizado de las tarifas de los servicios públicos, sobre el cual nuestra Asociación se ha expedido en reiteradas oportunidades, implica una severa reducción en el presupuesto de cada Universidad, debido a que se ven obligadas a destinar cada vez más fondos para solventarlos».

Puntualiza ADPRA que «es por ello que los Defensores del Pueblo de la República Argentina vemos con suma preocupación la situación que atraviesan las Universidades Públicas y la comunidad universitaria, que impacta no solo en las 57 casas de estudio mencionadas, sino también en 190.000 docentes y en 1.600.000 estudiantes universitarios».

Por ello, concluyen solicitando «al Poder Ejecutivo Nacional, mediante su Ministerio de Educación, que revea sus políticas, a nivel de la educación universitaria pública, y concrete un acuerdo con las autoridades y con los docentes de las Universidades en pos de garantizar los derechos laborales y educativos afectados, para así sostener la paz social».

Recorte Presupuestario

Al término del primer semestre del año, las universidades nacionales afrontan una deuda de 13 mil millones de pesos por parte del Gobierno, que viene subejecutando el presupuesto del sector, tras haberlo recortado en más de mil millones. Los datos surgen de un nuevo informe del Instituto de Estudios y Capacitación (IEC) de la federación docente Conadu, que analiza la situación presupuestaria de las casas de estudio en base a datos del Ministerio de Hacienda.

De mantenerse las tendencias de desfinanciamiento y subejecución del presupuesto universitario mostradas durante la primera mitad de 2018, éste será el año más crítico para la universidad pública.

Para 2018, el presupuesto total asignado por el Congreso a las universidades era de 107,6 mil millones de pesos. En lo que va del año, ya se le han recortado 1056,4 millones de pesos. Según indica el informe del IEC, 655,9 millones de pesos fueron quitados del presupuesto de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), mientras que los 400 millones restantes corresponden a otros programas y jurisdicciones ajustados.

Las áreas más afectadas por el recorte del presupuesto de la SPU fueron Proyectos Especiales (se redujo un 90,9 por ciento); Infraestructura (se redujo un 40,3 por ciento); Conducción, gestión y apoyo a las políticas de educación superior (bajó un 31,2 por ciento) y Fomento a la actividad de investigación de los docentes universitarios (bajó un 3,7 por ciento).

A los recortes debe sumarse un fuerte ajuste vía inflación para el presupuesto universitario (aprobado el año pasado, bajo el pronóstico ya abandonado por el mismo Gobierno de un 15 por ciento de inflación), y también vía devaluación del peso: parte de los gastos que las universidades deben asumir se ven afectados por el precio del dólar, por ejemplo insumos de laboratorio, equipos y material bibliográfico internacional.

Pero además de los recortes, el sistema universitario también se ve afectado por el atraso en las transferencias para cubrir gastos de funcionamiento, ya que el Poder Ejecutivo viene enviando los fondos para pagar salarios pero está demorando el giro de recursos para pago de servicios públicos, obras de infraestructura, becas estudiantiles y de investigación, entre otras áreas.

Al finalizar el primer semestre, la deuda en las transferencias exigible a la SPU llegó a 13.552,7 millones de pesos. Se trata de la subejecución del presupuesto más alta para el mismo período bajo el gobierno de Cambiemos. Al finalizar el primer semestre, la SPU no había pagado el 24,9 por ciento del gasto contabilizado (devengado) durante el período. En 2016, 700 millones de pesos del presupuesto asignado a las universidades quedaron sin ejecutar y en 2017 fueron 738 millones, alcanzando el nivel de ejecución más bajo de la última década.

El atraso en los pagos ha sido denunciado por los rectores de las universidades y afecta a todas las actividades, alcanzando niveles muy altos en Desarrollo de Proyectos Especiales (100 por ciento); el Programa Bec.Ar (93,7 por ciento), gastos para funcionamiento (73,3 por ciento); Investigación de los Docentes Universitarios (53,5 por ciento); y el Financiamiento de los Hospitales Universitarios (49,5 por ciento).

16.08.18 (Nuevo Diario) (Prensa Santiago Web) (El Liberal)  La Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), en una declaración, a la que adscribe el Defensor del Pueblo de la Provincia de Santiago del Estero, Dr. Lionel Enrique Suárez,  señala que “integrada por hombres y mujeres que defendemos la plena vigencia de los Derechos Humanos, la Constitución Nacional y el respeto por las Instituciones, manifestamos nuestra profunda preocupación con relación al Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional 756/2018”.

En efecto, sostiene que “ello es así en virtud de una publicación, en el Boletín Oficial, del día de la fecha del Decreto 756/2018, donde la Nación deja sin efecto la distribución del Fondo Federal Solidario, conocido como Fondo Soja, a las provincias y municipios –que equivale al 30 % de lo recaudado en concepto de derechos de exportación, y que significaría un monto aproximado a los u$s 1000 millones–, cuya finalidad es financiar obras provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que contribuyan a la mejora de la infraestructura edilicia, sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda y vial de las distintas reparticiones y/u organismos públicos; como así también, solventar infraestructura e inversión productiva”.

Concluyen que “esta medida dispuesta reviste una singular gravedad institucional, económica y política, vulnerando el derecho humano de vivir en condiciones dignas; siendo el federalismo pregonado por el Presidente solo un anhelo. Es por ello que los Defensores del Pueblo de la República Argentina vemos con suma preocupación el ahogo que significará para las economías regionales dicha medida, que paralizará obras de infraestructura que garantizan derechos humanos tales como el acceso a las cloacas y al agua potable, y todas aquellas obras que conllevan su aplicación directa” concluye.

26.07.18  «Resulta inadmisible que una modificación de los mencionados principios y competencias, sobre las Fuerzas Armadas, se determine por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional, toda vez, que por la materia resulta ser competencia exclusiva del Congreso de la Nación» indican. «La Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), integrada por hombres y mujeres, que defendemos la plena vigencia de los Derechos Humanos, la Constitución Nacional, y el respeto por las Instituciones, MANIFESTAMOS nuestra profunda preocupación en relación al Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 683/2018».

Agregan que «conforme se desprende de la Ley de Defensa Nacional, la función de las Fuerzas Armadas reside en la defensa de la Nación ante el ataque exterior, guerra o conflicto armado internacional, teniendo por finalidad garantizar la soberanía e independencia de la República».

Sostienen que «por su parte,  la Ley 24.059 entiende que la Seguridad Interior, debe propender a que el Estado Nacional garantice la plena vigencia de los derechos a la vida, a la libertad, y al patrimonio de los ciudadanos. A tal efecto, la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Policía de los Estados Provinciales adherentes a la mentada norma, la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval Argentina, serán los órganos que propenderán a tales fines. Así pues, en este marco, desarrollarán los medios necesarios para el control y vigilancia de las fronteras, aguas jurisdiccionales de la Nación y custodia de objetivos estratégicos».

Concluyen que «consecuentemente, en virtud de los principios emanados de nuestra Constitución Nacional, los principios Republicanos de Gobierno, y nuestra historia reciente, resulta inadmisible que una modificación de los mencionados principios y competencias se determine por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional, toda vez, que por la materia resulta ser competencia exclusiva del Congreso de la Nación».

11.07.18  (Video)  Organizado por la Defensoría del Pueblo de la provincia, este miércoles 11, en la Casa Argañaráz Alcorta, en el marco del programa de capacitaciones “Construyendo Ciudadanía” se desarrolló el panel-debate sobre “La Crisis de Valores”, una oportunidad para reflexionar sobre los nuevos valores en la sociedad postmoderna. “Nosotros pensamos, al igual que lo señalan muchos autores, los pueblos no se suicidan, advertimos que la solución parte del individuo mismo, reconociendo al otro como un sujeto diverso, no como alguien diferente, sino como alguien que está incluido en nuestra comunidad, sin el cual no podemos construir un colectivo” afirmó el Defensor de Pueblo, Dr. Lionel Suárez.

En diálogo con la prensa, el Defensor del Pueblo de la provincia, Dr. Lionel Enrique Suárez, señaló que “la idea central que ocupa este ciclo de “Construir Ciudadanía”, que estamos bregando desde la Defensoría del Pueblo, tiene como eje central el intentar desentrañar este problema central como lo es la crisis de los valores en la sociedad. Incluso se ha llegado a ponderar la situación como una ausencia de valores y otras tantas acepciones, para referir una situación que le toca atravesar a la sociedad argentina, cuánto más la santiagueña. Por ello, hemos convocado a profesionales para que nos puedan dar un punto de vista sobre esta particularidad que le toca atravesar a la sociedad de la posmodernidad”.

Agradeció la predisposición y el compromiso con la institución del Arq. Rodolfo Legname, a la Lic. Belén Tagliotti, al Dr. Matías de Castro Achával y al Dr. Federico Yunes, bajo la coordinación del Lic. Gustavo Rueda.

Reflexionó Suárez que “a estos profesionales les toca la responsabilidad de clarificar este camino, que nos toca a nosotros vivirlo, que es la crisis de valores que, a partir del avance de un razonamiento economicista-pragmático ha logrado que, los valores sólo sean considerados en función de su utilidad, haciendo nacer la creencia que las personas recién lograr la realización, si es que nos es útil el otro, la otra persona. Así le estamos quitando humanidad a la relación y convirtiendo a la misma en herramienta. Entendemos que, en esta modernidad, donde los valores se han licuado, tenemos que llegar, desde un espacio de reflexión, a una pregunta que pueda desentramar una respuesta para que sea en beneficio de todos”.-

Concluyó que “la particular situación económica nacional está impactando fuertemente en nuestra sociedad, produciendo un aumento del nivel de conflictividad, dejando de lado los valores. Nosotros pensamos, al igual que lo señalan muchos autores que, los pueblos no se suicidan, advertimos que la solución parte del individuo mismo, reconociendo al otro como un sujeto diverso, no como alguien diferente, sino como alguien que está incluido en la comunidad, sin el cual no podemos construir un proyecto colectivo”.

17.06.18  (Nuevo Diario) (El Liberal) (Prensa Santiago)   El miércoles último, en San Miguel de Tucumán, las Defensorías del Pueblo de Tucumán, Santiago del Estero, Jujuy y Salta – a través de sus titulares, CPN Fernando Said Juri, Dr. Lionel Enrique Suárez, Dr. Javier De Bedia y Dra. Frida Fonseca Lardies-, rubricaron un convenio marco de Colaboración y Cooperación Institucional. Se capacitarán recursos humanos para la creación de un  Centro de Mediación Comunitaria local.

El convenio, tiene como objeto “la coordinación y realización de tareas de colaboración y cooperación institucional entre las Defensorías del Pueblo que suscriben el  convenio. Asimismo, se comprometen a mantener un sistema de colaboración y cooperación que les permita coordinar esfuerzos en beneficio mutuo. La colaboración se realizará en provecho recíproco potenciando los niveles de acción entre las Defensorías del Pueblo intervinientes.

Por el convenio, podrán solicitar y ofrecer la colaboración necesaria para implementar actividades conjuntas de interés común, generar propuestas y proyectos conjuntos, para mutuo beneficio institucional, y de acuerdo a los objetivos de las defensorías intervinientes.

Se subraya que, en el marco del presente convenio, no se generará compromiso oneroso particular y/o extraordinario alguno y estarán los proyectos sujetos a la disponibilidad de los recursos que sean necesarios para ejecutarlos en cada caso.

Asimismo, se indica en el convenio que, las actividades específicas a desarrollar en forma conjunta será mediante la elaboración de determinados proyectos que serán instrumentados a través de Actas Complementarias.

Acta complementaria 1 – Centro de Mediación Comunitaria

En la oportunidad, entre las Defensorías del Pueblo de Santiago del Estero y de Tucumán, se suscribió un acta complementaria, conforme al Convenio de Colaboración, por la cual se capacitarán recursos humanos para la creación de un  Centro de Mediación Comunitaria local.

En efecto, por Ley 6320, la Defensoría del Pueblo de la provincia, tiene a su cargo “la protección y la defensa de los derechos e intereses legítimos de las personas y de la comunidad, consagrados por la Constitución Nacional, Provincial y en las leyes dictadas en su consecuencia, frente a actos, hechos y omisiones de la Administración Pública Provincial y de los prestadores de servicios públicos”.

En este contexto, son funciones, de ambas Defensorías del Pueblo, la difusión y promoción de derechos, por lo que, la Defensoría del Pueblo de Tucumán, brindará asistencia técnica y capacitación a personal de la Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero, para la próxima creación de un Centro de Mediación Comunitaria.

Que es la Mediación Comunitaria?

Es un método  que contribuye a la construcción de la paz social, conlleva una mayor y activa participación cívica  y responde al concepto amplio de Justicia: hacer justicia desde, por y para sus protagonistas.

Con el fin de  intervenir de modo preventivo o temprano en los conflictos, promover relaciones cooperativas en la comunidad y  mejorar el acceso a la Justicia.

Que es la Mediación?

Es un proceso voluntario y confidencial en el que dos o más partes enfrentadas por un problema, trabajan con un profesional, el mediador, para  construir sus propias soluciones  y así resolver sus diferencias.

Características de proceso de Mediación

Es flexible, ágil, extrajudicial, voluntario, confidencial

El Mediador NO:

Actúa como abogado de ninguna de las partes.

Da asesoramiento jurídico.

Decide quién gana o pierde.

Ordena o determina  lo que los mediados  deben hacer o dejar de hacer.

El Mediador SI:

Es imparcial. Neutral. Dirige el proceso

Asiste a los mediados para que puedan construir consensos.

Quiénes podrán acceder al Servicio:

Al Servicio de mediación pueden acceder todos los ciudadanos de la Provincia de Santiago del Estero

Cuál es el costo?

El Servicio de Mediación Comunitaria del Defensor de la Defensoría  es  totalmente gratuito para  ambas partes.

Sobre qué temas se interviene en mediación?

Desavenencias vecinales (convivencia vecinal)

Problemas de Consorcios.

Uso indebido de espacios Públicos.

Conflictos Barriales.

Filtraciones/humedades entre propiedades vecinas.

Invasión del espacio privado (árboles)

Ruidos molestos.

Olores Desagradables.

Molestias ocasionadas por mascotas.

Temas excluidos

Problemas Familiares que requieran decisión judicial.

Reclamos de exclusivo contenido patrimonial.

En todos aquellos  reclamos en que el Defensor del Pueblo tiene competencia funcional asignada por Ley; quejas sobre Organismos de la Administración Publica Provincial, inconvenientes con servicios públicos provinciales, aun los otorgados en concesión, protección de Derechos Humanos y todos aquellos casos NO mediables por disposición legal.