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09.07.21 La Defensoría del Pueblo de la provincia, a cargo del Dr. Lionel Enrique Suárez, ante diversas consultas efectuadas ante este organismo, informa que, está operativa la Resolución 2021-383-APN-MEC, por la que se “establece que las empresas prestadoras del servicio público de distribución de gas por redes deberán otorgar a los usuarios y a las usuarias residenciales y no residenciales – beneficiados por la suspensión cortes de servicio establecida en el Decreto 311/2020-, planes de facilidades de pago de hasta TREINTA (30) cuotas iguales, mensuales y consecutivas, para cancelar las deudas que se hubieren generado durante el plazo de vigencia del citado decreto; sin perjuicio que el usuario o la usuaria pueda solicitar fehacientemente ante la Prestadora su cancelación con anterioridad y/o en menor cantidad de cuotas”

En los considerandos, se indica que “mediante la Ley N° 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública se declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, y se delegaron en el Poder Ejecutivo Nacional diversas facultades en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional”.

Indica que “a través del Decreto N° 260 de fecha 12 de marzo de 2020 se amplió por el plazo de UN (1) año la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública en virtud de la pandemia declarada por la OMS con relación al Coronavirus COVID-19”.

Más adelante precisa que “la grave situación económica que está atravesando el país desde el año 2018 derivó en la sanción de la ley citada en el primer considerando de la presente medida, y se agudizó por los efectos de la pandemia mundial ocasionada por el Coronavirus COVID-19 resultando en la implementación de una batería de políticas públicas por parte del Gobierno Nacional para asistir a diferentes sectores en este momento crítico”.

Se recuerda que “en virtud del Decreto N° 311 de fecha 24 de marzo de 2020 se dispuso que las empresas prestadoras de los servicios de energía eléctrica, gas por redes y agua corriente, telefonía fija o móvil e Internet y TV por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital no podrían disponer la suspensión o el corte de los respectivos servicios a las usuarias y a los usuarios alcanzadas y alcanzados por dicha medida, en caso de mora o falta de pago de hasta TRES (3) facturas consecutivas o alternas y cuyos vencimientos hubieran operado a partir del 1° de marzo de 2020”.

Agrega que “mediante el Decreto N° 543 de fecha 18 de junio de 2020 se amplió el plazo establecido para la consecución de los objetivos establecidos en el artículo 5º de la Ley N° 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública por un lapso adicional de ciento ochenta (180) días contados a partir del vencimiento del plazo original”.

Más adelante agrega que “en el artículo 5° del Decreto N° 311/2020 se dispuso que las empresas prestadoras de los servicios detallados en los artículos 1° y 2° del citado decreto deberán otorgar a los usuarios y a las usuarias, planes de facilidades de pago para cancelar las deudas que se generen durante el plazo de vigencia de la medida, conforme las pautas que establezcan los entes reguladores o las autoridades de aplicación de los marcos jurídicos relativos a los servicios involucrados, con la conformidad de la Autoridad de Aplicación”.

Subraya que “durante la vigencia del mencionado decreto se evidenció un alto grado de morosidad en los pagos de la facturación emitida por las empresas prestadoras del servicio público de distribución de gas por redes, tanto por parte de los sujetos contemplados en el artículo 3° del Decreto N° 311/2020 como por otros usuarios/usuarias no comprendidos en los alcances del citado artículo”.

En lo específico “el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), organismo autárquico en el ámbito de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, requirió una serie de precisiones relativas a la normativa citada, referidas a la financiación y los intereses a aplicar en los planes de pago a usuarias y usuarios de gas por redes beneficiarias/os de las medidas dispuestas en el Decreto N° 311/2020, destacando la necesidad de dar respuesta a numerosas consultas recepcionadas tanto de usuarios y de usuarias como de prestadoras del servicio de distribución de gas por redes en relación con ello».

Se concluye que “en consecuencia, resulta necesario establecer las pautas para la regularización de dichas deudas con la finalidad de asegurar el normal funcionamiento del servicio de gas natural, pero sin dejar de atender a la situación de emergencia que atraviesan los usuarios y las usuarias. Se considera prudente otorgar la posibilidad de cancelar las deudas en hasta TREINTA (30) cuotas iguales, mensuales y consecutivas. Con relación a la tasa de interés a aplicar, dadas las particulares características de las usuarias y los usuarios alcanzadas/os por la emergencia y los efectos del Decreto N° 311/2020, corresponde establecer una tasa que esté acorde a los principios que inspiraron el dictado del aludido decreto”.

“Para la autorización de un crédito preaprobado la entidad debe verificar fehacientemente la identidad de la persona usuaria de servicios financieros involucrada”. La Defensoría del Pueblo de la provincia de Santiago del Estero, a cargo del Dr. Lionel Enrique Suárez, ante situaciones de estafas virtuales, en sus diversas denominaciones, registradas con clientes de la banca nacional e internacional – algunas de las cuales se han puesto en conocimiento de este organismo-, se informa que, el Banco Central de la República Argentina ha emitido un importante circular al respecto, que debe ser tenida en cuenta por todas las entidades bancarias, para evitar situaciones controversiales, de vulneración de derechos, con los clientes bancarios.

En efecto, la Comunicación “A” 7319 01/07/2021 dirigida a las entidades financieras, especifica clara y categóricamente “los requisitos mínimos de gestión, implementación y control de los riesgos relacionados con tecnología informática, sistemas de información y recursos asociados para las entidades financieras”.

Indica que “para la autorización de un crédito preaprobado la entidad debe verificar fehacientemente la identidad de la persona usuaria de servicios financieros involucrada. Esta verificación debe hacerse mediante técnicas de identificación positiva, de acuerdo con la definición prevista en el glosario y en el requisito técnico operativo específico (RCA040) de estas normas”.

Asimismo, expresa, “se deberá constatar previamente a través del resultado del proceso de monitoreo y control, como mínimo, que los puntos de contacto indicados por el usuario de servicios financieros no hayan sido modificados recientemente. Una vez verificada la identidad de la persona usuaria, la entidad deberá comunicarle –a través de todos los puntos de contacto disponibles– que el crédito se encuentra aprobado y que, de no mediar objeciones, el monto será acreditado en su cuenta a partir de las 48 horas hábiles siguientes”.

Concluye que “el citado plazo de acreditación podrá ser reducido en el caso de recibirse la conformidad del usuario de servicios financieros de manera fehaciente”.

A las 10.55 de hoy asumió el doctor Leandro Javier Drube. Hoy, la Cámara de Diputados de la provincia, en sesión ordinaria, ingresó y trató sobre tablas, la designación propuesta por el Defensor del Pueblo de la Provincia. Dr. Lionel Enrique Suárez.

En la oportunidad, estableciendo un cuarto intermedio, se dispuso reunir a la comisión de Petición y Poderes, que analizó los pliegos del propuesto, emitiendo el dictamen correspondiente, aprobando la propuesta elevada por el Ombudsman. Iniciada la sesión ordinaria, se sometió a consideración del cuerpo el dictamen, que fue votado de manera nominal, contando con el voto positivo de los bloques del Frente Cívico, Partido Justicialista y Frente Renovador, El bloque del Frente Cambiemos, se abstuvo de votar.

Siendo, las 10.55, prestó juramento de estilo, ante el vicegobernador, Dr. Carlos Silva Neder, el flamante Defensor Adjunto de Niños, Niñas y Adolescentes, Dr. Leandro Javier Drube.

Drube estuvo acompañado por el Ombudsman, Dr. Lionel Suárez y el Defensor Adjunto saliente. Dr. Luis Horacio Santucho.

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16.06.21 Se trabaja en establecer acciones comunes, con la Defensoría del Pueblo de la Capital, ante varios casos denunciados. El Defensor del Pueblo de la provincia, Dr. Lionel Enrique Suárez, en virtud del estrépito público que provocaron los casos ventilados en redes sociales (Red_de_Medios) de hackeos o intervenciones de extraños con fines delictivos y de apropiación de dinero a cuentas home banking, en casas bancarias de orden nacional, recibió en audiencia a damnificados por la maniobra delictiva informática, que se extiende por todo el país con cientos de damnificados.

En efecto, esta mañana, Suárez recibió en audiencia y se interiorizó de cada caso en particular, a Martín Alfredo Geréz, Maria Claudia Campos y Lucas Ruiz Huidobro.

 En la oportunidad, cada uno relató al Ombdusman todas las particularidades de cada caso, siendo la presunta vulnerabilidad de la infraestructura digital de entidades bancarias – siendo la más invocada ante la Justicia de Crimen, Defensa del Consumidor, la entidad Banco Galicia-, la que se utilizó para perpetrar las acciones de apropiamiento o vaciamiento de las cuentas de los damnificados, mediante ardides comunes y particulares, con mensajes vía mail, etc.

Suárez, luego de escuchar las diversas situaciones en particular, que tiene alto impacto en los damnificados, en estos momentos de sensibilidad social por el contexto Pandemia por Covid 19, transmitió tranquilidad a los mismos indicando que, desde la Defensoría del Pueblo, como en otras oportunidades, de casos colectivos que entendió, se agotarán todas las instancias administrativas y jurídicas al alcance de la institución, en la defensa de los derechos colectivos vulnerados.

Por último, Suárez invitó a acercarse a la institución a todos los usuarios bancarios que han sido estafados y/o afectados en su patrimonio financiero, sirviéndose de la vulnerabilidad digital de algunas entidades crediticias, generando violencia moral y obligaciones pecuniarias ilegítimas, de imposible cumplimiento o fuera del alcance de las víctimas.  

Numerosos casos en el país

Cabe destacar que, en casos de similares características, en distintos puntos del país y, ante requerimiento formulado sobre el particular, el Banco Central de la República Argentina indicó: “Los bancos deben cumplir una serie de requisitos para prevenir este tipo de situaciones. En primer lugar, tienen que “mantener informado y entrenado a clientes, a responsables de la gestión de los canales electrónicos, proveedores y personal interno, mediante un programa de concientización y capacitación con un contenido apropiado al escenario o situación”.

También deben “requerir la confirmación o revalidar la instrucción del cliente mediante un segundo factor, por ejemplo un token dinámico, secretos compartidos (para estos casos en los cajeros automáticos suelen usar un PIL o clave alfanumérica) y, además, si no se cumple con los patrones de comportamiento establecidos por la entidad, verificar la identidad del cliente mediante técnicas de identificación positiva (corresponde al proceso de control de acceso)”.

Asimismo, el Central señaló que los bancos están obligados a llevar “registros que permitan determinar la trazabilidad de las actividades efectuadas por el cliente” y también “mecanismos de monitoreo transaccional que puedan advertir situaciones sospechosas basados en características del perfil y patrón transaccional del cliente bancario”.

Finalmente, es su deber “contar con las capacidades para tratar los incidentes detectados con un esquema de escalamiento definido formalmente”.

Recomendaciones

Más allá de esto, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santiago del Estero, recuerda a la población que es importante NO proporcionar datos privados, tanto personales como de cuentas bancarias, a desconocidos. Y que las claves de seguridad no deben ser divulgadas por ninguna razón. La clave token, es un factor de autentificación que brinda acceso total a las cuentas, por lo que no debe entregarse bajo ninguna condición. Finalmente, la institución invita a quienes tengan dudas o consultas, hayan sido víctimas de este tipo de estafas o sospechen que podrían serlo a plantear su caso a través de pedido de audiencia presencial por los canales virtuales disponibles en el portal (www.defensorsantiago.gob.ar).

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