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01.02.20 Fundaciones e instituciones intermedias expresaron su beneplácito por la medida cautelar que logró la Defensoría del Pueblo que suspendió los CMO por 180 días. En efecto, el 30 de diciembre último se conoció, a través de la Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero, a cargo del Dr. Lionel Enrique Suárez, que el Juez Federal, Dr. Guillermo Molinari, en una Medida Cautelar Innovativa, única en el país, resolvió “la suspensión de la aplicación del plazo contenido en la Resolución N° 44/2019”. La medida prorroga por 180 días hábiles, a partir de notificada la misma, el plazo consignado en el mentado dispositivo para el cumplimiento de las exigencias contenidas en el Anexo I de dicha Resolución.

La misma, establecía un tiempo perentorio, bajo apercibimiento de perder el beneficio, para el cumplimiento de la presentación de los Certificados Médicos Obligatorios, por parte de todos los beneficiarios de pensiones por discapacidad. Lo que se ataca es que, desde el Estado mismo, no se arbitraron las medidas conducentes para su cumplimiento, velando por la accesibilidad de los beneficiarios a centros de salud, debidamente equipados con la tecnología que demandaba el cumplimiento de las resoluciones de la Agencia Nacional de Discapacidad.
La medida tuvo alto impacto en las asociaciones intermedias locales que, al respecto se pronunciaron:

Paladea de Luna: “Nos trae tranquilidad a todos los beneficiarios de asignaciones por discapacidad”

 Por ASPADI, su titular, María Paladea de Luna, se mostró satisfecha con la medida cautelar dispuesta por la Justicia Federal, que suspendió por 180 días, la obligatoriedad de presentar el Certificado Médico Obligatorio, a beneficiarios con pensiones por discapacidad.

Luna señaló que “con la actuación del Defensor del Pueblo, Dr. Lionel Suárez,  y el apoyo del gobierno de la provincia, se alcanzó este decisorio judicial, que nos trae tranquilidad a todos los beneficiarios de asignaciones por discapacidad”.

Chazarreta: “Hemos sufrido humillaciones y el miedo constante a perder las pensiones”

La presidente de la Asociación de Enfermos con Fiebre Reumatoidea, Nora Lucia Chazarreta, se mostró agradecida con la Defensoría del Pueblo de la provincia, al Dr. Lionel Enrique Suárez, y su equipo de trabajo, porque es una gran conquista y sobre todo, el respeto a la persona con discapacidad”.

Indicó que “es necesario poner en contexto lo que sufrimos en los últimos cuatro años las personas con discapacidad. Hemos sufrido humillaciones y el miedo constante a perder las pensiones”.

Agregó Chazarreta que “la Agencia Nacional de Discapacidad dispuso la obligación de cumplimentar con el COM, cuando no había una estructura hospitalaria, como tampoco la tecnología y los profesionales especializados, para poder dar cumplimiento a la misma en un plazo perentorio. Lo concreto es que, muchas personas con discapacidad en la provincia perdieron sus beneficios, aun cuando muchos se recuperaron, producto de presentaciones administrativas y judiciales, sumado a ello la lucha en la calle que encabezamos todas las organizaciones vinculadas a la atención de la discapacidad”.

Agüero: “Se escuchó a las asociaciones intermedias”

En el caso la Dra. Carolina Agüero, Presidente de la Fundación “La Casita del Árbol”, que trabaja por la promoción de los derechos de personas con discapacidad y por el acompañamiento a sus familias, e indicó que “la organización acompañó a la Defensoría del Pueblo de la provincia en la presentación del amparo, solicitando la suspensión de la exigencia que establece la Resolución N° 44/2019 que obliga a los beneficiarios de pensiones por discapacidad a presentar el CMO digital, sin haber previsto un circuito administrativo y tecnológico para su aplicación. El Juez Federal, dictó una medida cautelar suspendiendo por 180 días la presentación de CMO, como así también el magistrado solicita a todas las asociaciones que realicen relevamientos de probabilidad para dar implementar la resolución. Esta medida nos da tranquilidad, dado que, por la multiplicidad de situaciones que se dieron, mucha gente se preocupó”.  

Señaló que “para nosotros es una satisfacción esta resolución y, sobre todo, la convicción que se escuchó la palabra de las asociaciones intermedias, en este caso, con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo de provincia”.   

Zírpolo: “El gobierno saliente pretendió hacer caer todos los beneficios”

Por último, Patricia Ercilia Zírpolo, de la Asociación TGD Padre TEA “Santiago Azul”, al aludir la medida cautelar de la Justicia Federal, indicó que “es gratificante, nos da tranquilidad y felicidad, lo que se ha obtenido en beneficio de los discapacitados. Al no cumplimentarse la Resolución N° 44/2019, en un tiempo perentorio, el gobierno saliente pretendió hacer caer todos los beneficios”.

Agregó que “en el caso de Santiago del Estero, al no hacerse el CMO, porque no lo podían realizar los nosocomios oficiales, muchas pensiones fueron dadas de baja. Con lo que nos cuesta gestionar, con todo lo que nos significa. Una medida cautelar como la lograda por la Defensoría de Pueblo de la provincia, nos da mucha tranquilidad y felicidad”.

25.12.19 Informa la Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero, a cargo del Dr. Lionel Enrique Suárez, que la Justicia Federal Nro 1, a cargo del Dr. Guillermo Molinari, en una medida Cautelar Innovativa, única en el país, resolvió “la suspensión de la aplicación del plazo contenido en la Resolución N° 44/2019”. Asimismo, “prorroga por 180 días hábiles, a partir de notificada la presente, el plazo consignado en el mentado dispositivo para el cumplimiento de las exigencias contenidas en el Anexo I de dicha Resolución”.

La misma, establecía un tiempo perentorio, bajo apercibimiento de perder el beneficio, para el cumplimiento de las presentación de los Certificados Médicos Obligatorios, por parte de todos los beneficiarios de pensiones por discapacidad. Lo que se ataca es que, desde el Estado mismo, no se arbitraron las medidas conducentes para su cumplimiento, velando por la accesibilidad de los beneficiarios a centros de salud, debidamente equipados con la tecnología que demandaba el cumplimiento de las resoluciones de la  Agencia Nacional de Discapacidad.

Foto Archivo (29.04.19) reunión con representantes de entidades que nuclean a personas con discapacidad.

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En efecto, el 16 del actual, el Juzgado Federal Nro 1 de Santiago del Estero, en los autos caratulados: “Defensor del Pueblo de la Provincia y Otros c/Estado Nacional – Poder Ejecutivo Nacional y Otros s/Amparo Colectivo, Expte. N° FTU 15130/2019”, hizo lugar “a la medida cautelar solicitada y, conforme lo establecido por el art. 204 del CPCCN, ordenar a la Agencia Nacional de Discapacidad la suspensión de la aplicación del plazo contenido en la Resolución N° 44/2019 para que el beneficiario proceda a realizar las diligencias detalladas en el Circuito Administrativo de Renovación de Certificados Médicos Oficiales de Pensiones No Contributivas por Invalidez, prorrogándose en 180 días hábiles a partir de notificada la presente, el plazo consignado en el mentado dispositivo para el cumplimiento de las exigencias contenidas en el Anexo I de dicha Resolución”.

Asimismo, la Justicia resolvió: I) Declarar la competencia de este Juzgado Federal de Sección para conocer en la presente causa conforme lo prescripto por los arts. 116 de la Constitución Nacional y 2° inc. 6° de la Ley N° 48.- II) Hacer lugar a la excepción de falta de legitimación activa articulada por el Dr. René Gustavo Hauteberque, con costas.- III) Hacer lugar a la medida cautelar solicitada y, conforme lo establecido por el art. 204 del CPCCN, ordenar a la Agencia Nacional de Discapacidad la suspensión de la aplicación del plazo contenido en la Resolución N° 44/2019 para que el beneficiario proceda a realizar las diligencias detalladas en el Circuito Administrativo de Renovación de Certificados Médicos Oficiales de Pensiones No Contributivas por Invalidez, prorrogándose en 180 días hábiles a partir de notificada la presente, el plazo consignado en el mentado dispositivo para el cumplimiento de las exigencias contenidas en el Anexo I de dicha Resolución.

El dispositivo judicial establece que la AND debe “otorgar acceso a la información pública pertinente a remitirse a cada una de las Asociaciones y/o Fundaciones accionantes a efectos de tomar conocimiento acerca de 1) la existencia de las condiciones mínimas requeridas para la emisión del CMO, es decir computadoras y conexión en línea de los hospitales públicos correspondientes a los domicilios a los que las personas notificadas deban asistir a realizar el trámite y 2) la autorización para la realización de trámites alternativos para aquellos beneficiarios que se encuentren en condiciones que imposibiliten el acceso a hospitales públicos por su situación de vulnerabilidad social, condición de salud o ubicación geográfica, estableciéndose como contracautela la fianza de cada una de las Asociaciones y/o Fundaciones ocurrentes, la que deberá ser extendida por la persona autorizada para ello conforme surja de sus Estatutos respectivos”.-

La presentación, contó con el patrocinio del Defensor del Pueblo de la provincia, Dr. Lionel Enrique Suárez, en ejercicio de sus funciones; la Dra. María Carolina Agüero, Presidente de la Fundación La Casita del Árbol; la Sra. Yolanda Jiménez, Presidente de la Asociación Civil Santiagueña de Poliomielitis; la Sra. Josefina del Valle Maldonado, Presidente de la Asociación Civil Cruzada de Salud Mental; el Sr. Llamil Abdala, Presidente de la Asociación Civil Venzamos al Autismo Ya -VAYy de la Fundación Khalil; la Sra. Nora Chazarreta, Presidente de la Asociación de Enfermos de Artritis Reumatoidea y Familiares; la Sra. María del Valle Sosa, Presidente de la Asociación de Personas con Capacidades Diferentes “Luz de Esperanza”; la Sra. Patricia Ercilia Zírpolo, Presidente de la Asociación TGD Padres TEA “Santiago Azul”; la Sra. María Paladea de Luna, Presidente de la Asociación Santiagueña de Padres y Amigos de Discapacitados Intelectuales -ASPADI- y el Sr. Mario Ferreyra, Presidente de la Asociación ANCADI, con el patrocinio letrado de las Dras. Noelia Spescha; Vanesa Rivero y Mariana Brandan, e interponen acción de amparo colectivo contra el Estado Nacional y/o Poder Ejecutivo Nacional, por ser el ente emisor del Decreto N° 432/97, que sirve de base a las Resoluciones Administrativas que impugnan; el Ministerio de Salud y Desarrollo Social y la Agencia Nacional de Discapacidad, en cuanto órgano de aplicación del Decreto referido, y emisor de las Resoluciones que atacan, a fin que se disponga que no se aplique al grupo o sector al que ellos pertenecen y representan, el Decreto N° 432/97 y, más específicamente, las Resoluciones Nros. 268/18; 39/19; 44/19; y 76/19 de la Agencia Nacional de Discapacidad; se declare la inconstitucionalidad de tales normas y se deje sin efecto la intimación cursada en virtud de las mismas, en el ámbito de la Provincia de Santiago del Estero”.

Se indica que “tales normas violan palmariamente lo dispuesto por los arts. 14 bis, 16, 17, 28, 31 y 75 de la Constitución Nacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el art. 17 de la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (Ley N° 27.360), la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y leyes concordantes, complementarias y correctoras”.

En lo que respecta al caso puntualmente, la clase afectada está integrada por la totalidad de las personas con discapacidad, que siendo titulares de pensiones no contributivas por invalidez otorgadas por el Ministerio de Desarrollo Social en los términos del Decreto N° 432/97 han recibido una intimación para actualizar su condición médica de invalidez laboral, en el transcurso de 60 días corridos siguientes a su notificación y el colectivo de las personas con discapacidad que desde la vigencia de las Resoluciones Nros. 39, 44 y 76 del Año 2019 emitidas por ANDis se hayan presentado a iniciar solicitudes de Pensiones no Contributivas por invalidez otorgadas por el Ministerio de Desarrollo Social en los términos del antes citado Decreto y teniendo el certificado de discapacidad vigente se les pretenda aplicar métrica de discapacidad incompatible con el derecho a la protección social que garantiza la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad con asiento en Santiago del Estero.

La justicia, asimismo, considera que “la acción deducida es de incidencia colectiva, en tanto existe un hecho único, tal la emisión por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad de la Resolución N° 268/2018, de fecha 20/09/2018, y sus modificatorias también impugnadas en autos, en cuanto impone como carga a los beneficiarios de pensiones no contributivas, la de actualizar su condición médica de invalidez laboral, en el plazo de 60 días corridos (Res. -2019-44- APN-DE#AND) a contarse desde el día siguiente de la notificación por Carta Documento, bajo pena de caducidad de la prestación, lo cual causaría una lesión a una pluralidad de sujetos (tales los beneficiarios de pensiones no contributivas por invalidez), y lo que no justificaría que cada uno de los afectados promueva una demanda peticionando la revocación de las normativas que implementan dicha carga, a lo que debe agregarse que las actoras se encuentran legitimadas de este modo para accionar, por cuanto son Fundaciones y/o Asociaciones que, conforme a sus Estatutos, tienen por objeto, entre otros, defender y representar los intereses de sus asociados, tutelado por el art. 42 de la C.N., lo que así se deja establecido”.

22.12.19 La medida cautelar, que beneficia a ahorristas de autoplanes en Santiago del Estero, motiva la consulta de Defensorías del Pueblo de gran parte del país, afectados por la problemática de los incrementos en las cuotas de los planes dispuestos por las administradoras.  El Defensor del Pueblo de la provincia, Dr. Lionel Enrique Suárez, recibió en audiencia a funcionarios de su par de la provincia de Tucumán, encabezada por el Secretario Legal y Técnico, Dr. Marcelo Pasqualini, el director de Relaciones Institucionales, Lic. Eduardo Raimondo.

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En la oportunidad, se abordó la temática inherente a la medida cautelar que beneficia a los ahorristas de autoplanes, que dispuso la justicia civil de Santiago del Estero, a raíz de una presentación efectuada por la Defensoría del Pueblo de la provincia, que derivó en un decisorio actualmente en curso y en aplicación su resolución.

Como se recordará, el caso de los autoplanes de ahorro, generó movidas en todo el país de los usuarios afectados por el fuerte incremento del valor de las cuotas que pagaban a las administradoras. Hubo planteos colectivos en el país, a través de las Defensorías del Pueblo, que no procedían por circunstancias de hecho o de forma.

Lo cierto es que Santiago del Estero, fue pionera en la materia y, la Defensoría del Pueblo de la provincia, a cargo del Dr. Lionel Suárez, se ha convertido en organismo de consulta.

En efecto, la Defensoría del Pueblo de Tucumán, recientemente obtuvo un fallo similar, en atención a la demanda de los usuarios de autoahorro pero hay mecanismos que deberán de observarse antes de aplicar medidas para el pago a cuenta o en consignación de las cuotas en mora, que son los más afectados o que tienen los vehículos en situación  de eventual ejecución prendaria.

La reunión ha sido positiva y los visitantes se retiraron conformes y satisfechos con las respuestas y sugerencias volcadas para avanzar un paso más en la consecusión de objetivos que se ha trazado la Defensoría del Pueblo de Tucumán.

En Tucumán, se verificó el incumplimiento de la medida Cautelar dictada por la Justicia, por lo que la Defensoría solicitó la aplicación de Sanciones Pecuniarias (Multas) en contra de las mismas. El pedido aún no fue resuelto por la Jueza interviniente.

Lo cierto es que, en el juzgado tucumano que entiende en la causa se presentaron más de 8500 adhesiones a la Demanda y denuncias de incumplimiento a la Cautelar realizadas por los ciudadanos.

20.12.19 Ante una serie de medidas no agradables que generan inquietud e intranquilidad en los usuarios de planes de autoahorro y, ante la proximidad de las fiestas de fin de año, con el objeto de llevar tranquilidad a la familia santiagueña, la Defensoría del Pueblo de la provincia, logró un importante acuerdo con las Administradoras. En virtud de esta audiencia, se consensuó que las Administradoras aceptarán los depósitos judiciales, y realizarán el formal retiro de las listas de ahorristas, y la acreditación de los importes en sus respectivas cuentas. No menos importante, es que las administradoras, en su gran mayoría, ya comenzaron a reformular los cupones de pago, adecuándolos a los términos de actualización que establece la medida cautelar.

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Se concretó una audiencia de conciliación de partes, a instancias de una petición de la Defensoría del Pueblo de la provincia, representada por su titular, Dr. Lionel Enrique Suárez, la que resultó sumamente positiva.

Estuvieron presentes en la audiencia, presidida por el magistrado interviniente en la causa, Dr Rómulo Scarano, el Defensor del Pueblo, Dr. Lionel Suárez, representantes de todas las administradoras de planes de autoahorro, a excepción de la FIAT y la dirección de Defensa del Consumidor.

La presentación de la Defensoría del Pueblo tiene que ver con la medida cautelar que, en su momento, dictó la Justicia ordinaria, que significó la adecuación de las cuotas de los planes de autoahorro, como así también, la suspensión de las ejecuciones prendarias. Como se recordará, se aplicaban cuotas usurarias a los planes de autoahorro, que nada tenían que ver con las pautas inflacionarias, ni aún con la devaluación de la moneda, impulsada por la administración gubernamental saliente.

La medida judicial, posibilitó al ahorrista hacer depósitos judiciales, y estos estar a disposición de las administradoras. Lo cierto es que, las administradoras, no retiraron los dineros acreditados ante la Justicia por los usuarios, con el concurso de la Defensoría del Pueblo de la provincia, pretendiendo desconocer de hecho la sentencia judicial y, paralelamente, tras las notificaciones, plantearon apelaciones en instancias superiores atacando el mandato judicial.

Lo novedoso ahora es que, a fin de año, en conocimiento de las acciones mayoritarias de los ahorristas en mora, de sumarse al dispositivo judicial – cancelando las cuotas adeudadas (Abril/18 a Octubre/19), de acuerdo a lo que dictamina la cautelar y el pago regular posterior.

Hasta llegar a esta situación, las administradoras desconocían los pagos efectuados ante la Justicia, por lo que recurrieron a herramientas de intimación a los titulares, y los garantes, procurando el pago de las cuotas o el apercibimiento del inicio de ejecuciones prendarias para recobrar las unidades entregadas, por las cuotas no abonadas.

En virtud de esta audiencia se consensuó

• Que, las administradoras, en su gran mayoría, comenzaron a reformular los cupones de pago, adecuándolos a los términos de actualización que establece la medida cautelar.
• Que, las administradoras aceptarán los depósitos judiciales, y realizarán el formal retiro de las listas de ahorristas, y la acreditación de los importes en sus respectivas cuentas, consintiendo la cautelar, la forma y los montos depositados. Por lo tanto, deberán cesar las intimaciones efectuadas.
• Que, el ahorrista podrá pagar el cupón de pago, con seguro prendario, de vida o vehicular, según sean los casos.
• Para el caso de que los ahorristas consideren que, el monto de los cupones es inconsistente o no cumple con lo que manda la cautelar, deberán realizar los depósitos de las cuotas en las cuentas judiciales de cada administradora que se habilitarán al efecto en el banco oficial. Actualmente, se dispone de una sola cuenta para los depósitos, lo que obliga a informar su depósito ante la Defensoría del Pueblo. No obstante, al abrirse las cuentas respectivas, se comunicará a través de los medios de comunicación y redes sociales.

La adecuación de los cupones, a los términos de la medida cautelar, descongestionará la labor del juzgado, y los ahorristas podrán hacer los pagos correspondientes.

25.11.19 “Se está cumpliendo con la palabra empeñada concretando este espacio activo para esta comunidad, que ya no tendrá que trasladarse a la Capital y podrá realizar aquí todos sus trámites” sostuvo Suárez.–  En efecto, este lunes 25, a las 11, en Pje Besares 52, en el microcentro de la ciudad, el Defensor del Pueblo de la Provincia de Santiago del Estero, Dr. Lionel Suárez, y el Intendente Municipal, Dr. Jorge A. Mukdise, dejaron inaugurada la Delegación local de la Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero. El responsable de este espacio será, Armando Guzmán, que atenderá de Lunes a Viernes, de 07hs a 13.00 hs.

La ceremonia inaugural contó con la presencia del Presidente del Concejo Deliberante, Lic. Raúl Gutiérrez, el Vicepresidente 1ro, Javier Saleme, los concejales Roxana Ponce, Mónica Rosalez y Daniel Varela. Del mismo modo acompañaron el acto los secretarios del gabinete municipal, funcionarios municipales, representantes de instituciones intermedias e invitados especiales. Luego del tradicional corte de cintas, las instalaciones fueron bendecidas por el Párroco, Fernando Altamiranda.

https://youtu.be/NtTjtF8-3Yw

Este espacio tendrá como finalidad trabajar para promover la visibilización de la Defensoría y su importancia social, como protectora de derechos, en el contexto de poner en valor los principios democráticos en beneficio del servicio y la atención al ciudadano.

En la ocasión, el Defensor del Pueblo, Lionel Suárez, manifestó: “Este acto es de suma importancia para la Defensoría del Pueblo de la Provincia, y sobre todo, quiero agradecer al intendente Mukdise, por haber brindado este espacio, que es el primero en la provincia, que permitirá a los ciudadanos termenses, tener contacto directo con la Defensoría del Pueblo provincial, un espacio donde poder hacer sus presentaciones, inquietudes y reclamos colectivos”.

“Esto comenzó hace un par de meses con la firma de un convenio, y hoy, cumplidos los procesos de selección de lugar y capacitación de personal, se está cumpliendo con la palabra empeñada concretando este espacio activo para esta comunidad, que ya no tendrá que trasladarse a la Capital y podrá realizar aquí todos sus trámites” sostuvo Suárez.-  

El jefe comunal, Jorge Mukdise, destacó: “Tengo palabras de agradecimiento por la actitud y la impronta de las defensorías oficiales, estas son un instituto de un Estado que va evolucionando y mirando los intereses de los ciudadanos, brindándoles las herramientas para hacer valer estos intereses. Por ello, en la evolución de los Estados constitucionales no sólo se han reconocido derechos, sino que se dieron las herramientas para hacerlos valer y que no sean vulnerados. Esta es la gran virtud que tiene la Defensoría, donde Suárez salió en búsqueda de aquel que necesita acceder al organismo para hacer valer derechos vulnerados. Estamos convencidos que, la articulación entre diversos organismos y el municipio, dará resultados positivos, siempre será en beneficio de los ciudadanos”.-

Concluyó señalado que “estoy muy contento por la habilitación de esta delegación, les damos la bienvenida, les deseamos éxitos, que Dios los ilumine y los bendiga. Va a ser una solución para los vecinos que ya no tendrán que trasladarse a la capital a realizar gestiones”.

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30.10.19 Algunas administradoras, están renuentes a emitir o formular los cupones de pago, de acuerdo a lo que ordena la medida cautelar, en franca rebeldía. El Defensor del Pueblo de la provincia, Dr. Lionel Enrique Suárez, en defensa del interés colectivo que representa, para respaldo y tranquilidad de los ahorristas, informó que se plantearán las acciones judiciales penales y civiles correspondientes, ante ya no solo situaciones de renuencia en las habrían incurrido algunas de las administradoras, por cuanto la medida cautelar dictada, en beneficio de los ahorristas, sigue vigente.

Señaló Suárez que “se advierte que, las administradoras de planes de ahorro, a excepción de dos, están renuentes a emitir o formular los cupones de pago, de acuerdo a lo que ordena la medida cautelar, en franca desobediencia judicial. Así también, las administradoras, han comenzado a reclamar pagos, vía carta documento, lo que es inoficioso y contrario a derecho a la luz de la medida cautelar. Esto es así por cuanto se realizaron los depósitos judiciales, que a su vez son anoticiados a cada administradora desde el juzgado que entiende en la causa”.

Subrayó que, al margen de los 500 amparistas que firmaron la presentación, se están presentado más de 1500 fojas por semana, ante el juzgado interviniente que realiza las comunicaciones de los depósitos judiciales a las administradoras.

Suárez indicó que, en los inicios del mes de noviembre próximo, se actualizará el índice (INDEC-Octubre) para el recálculo de la cuota de los ahorristas de autoplanes de ahorro, que se acogieron a los beneficios de la medida cautelar que dictó la Justicia.

En consecuencia, a todos quienes se acogieron a los términos de la medida cautelar, se recuerda realizar el trámite mensual de acompañar constancia de depósito judicial, ante este organismo, que tiene la carga de informar al magistrado interviniente sobre los depósitos en la cuenta judicial única abierta al efecto. A partir de estos datos proporcionados, son informados los depósitos a las administradoras de autoplanes de ahorro con todos los recaudos correspondientes.

Como se recordará, en la web oficial del organismo https://defensorsantiago.gob.ar/recalculo-de-cuotas-de-planes-de-ahorro/ se dispone del índice de actualización de cuotas, y formularios, que pueden ser bajados y presentados ante el organismo apuntando los datos que se requieren para elevar el correspondiente informe al Juzgado de Paz de 1ra Nominación, a cargo de la causa.